Ley Mordaza: ley de in-seguridad ciudadana española

Lara Brusa Safigueroa

Defensora de los derechos humanos

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, mayormente conocida como «Ley Mordaza», entró en vigor en España en 2015 durante el gobierno de Mariano Rajoy. Se trata de una ley orgánica que entró en vigor en sustitución de la anterior Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992. La nueva ley considera como delito el ejercicio de algunas libertades relacionadas con la libre expresión, información o la libertad de manifestarse. Sumándose a esto, se ha proporcionado o dotado de una alta discrecionalidad y prevalencia los actos o palabras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a la palabra y denuncia de los ciudadanos.

El objetivo o función declarada de esta ley es «la evitación o el impedimento de la posible perturbación de la seguridad ciudadana así como de su alteración o irrupción de la pacífica convivencia».

Pero se trata de una ley represiva que atenta directa y profundamente contra los derechos y libertades de los ciudadanos. Durante estos años esta ley ha sido foco de polémicas por parte de distintos sectores de la sociedad española: desde esferas del gobierno, sociedad, organizaciones como Amnistía Internacional, Asamblea Feminista, Coordinadora de Vivienda, CGT, etc.

Del mismo modo, la población junto con asociaciones u organizaciones a favor de los derechos humanos consideran muy graves las devoluciones en caliente de los inmigrantes en fronteras como la de Ceuta y Melilla, las restricciones de manifestaciones junto al Congreso y Senado (ya que según la ley sería una «perturbación grave» de la seguridad ciudadana) o la «prevalencia de los actos o palabras por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».

Es de notar que, con este último punto mencionado acerca de los cuerpos de seguridad del Estado, se proporciona un libre criterio al agente que esté de turno en ese momento, y por lo tanto no habrá una «formalidad de detención» ni por supuesto una posición válida de la ciudadanía, ya que se produce una presunción de verdad por parte del cuerpo de seguridad ante la opinión del ciudadano. Y se merma la seguridad jurídica, ya que se trataría de un juicio difuso e indeterminado. Por lo que ya en el acto se viola el «derecho a la tutela judicial efectiva de la persona».

La ciudadanía se siente coaccionada e intimidada por el control de las libertades ciudadanas por parte del gobierno que apoya esta legislación.

En el transcurso de estos años, algunas enmiendas han sido hechas, todas por parte de partidos del gobierno como PSOE o Unidas Podemos, con el objetivo de modificar la ley o su derogación. El efecto de estas enmiendas ha sido reacciones negativas en sectores como sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles.

Además, en numerosas ocasiones el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha prometido que derogaría la ley, pero a pesar de los compromisos, las reformas no han salido adelante debido a que los grupos interesados no han llegado a un acuerdo sobre qué partes o artículos de la «Ley Mordaza» cambiar y por lo tanto esa nueva legislación se ha quedado siempre estancada en el Congreso.

Muchos críticos denominan esta ley como la «Ley de in-seguridad ciudadana», debido a todas las consecuencias que arrastra en términos de represión de derechos humanos.

Desde Amnistía Internacional se han llevado a cabo diferentes campañas, conferencias y manifestaciones en contra desde que la ley entró en vigor. Se pide una propuesta de reforma que reduzca los amplios poderes discrecionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, establezca unos mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas, sin dejar la puerta abierta a actuaciones arbitrarias. Es decir, que se implante una seguridad jurídica y/o un juicio determinado en estas situaciones. Así, hace un llamamiento para la creación de una nueva ley que de verdad garantice el ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.