Justicia transicional en España

Violeta Olalla

Defensora de los derechos humanos

Tras la dictadura de Franco, que duró unos cuarenta años, la transición española ha sido muy compleja, sobre todo por la divergencia entre españoles sobre la tendencia a olvidar de algunos y la tendencia a recordar de otros. Este artículo ofrece una crítica a la transición española. Se analizará La Ley de Memoria Histórica (2007), la Ley de Memoria Democrática (2022), el caso de Baltasar Garzón, y las implicaciones de la democracia en España.

La ley de Memoria Histórica (2007) y la Ley de Memoria Democrática (2022) son dos procesos legislativos que se llevaron a cabo como mecanismos de justicia transicional en España para reivindicar los derechos de las víctimas del franquismo y abordar los crímenes cometidos. Sin embargo, en España nunca se han utilizado las «Comisiones de la Verdad» como medida transicional, lo que hace que el proceso de reconciliación sea mucho más ambiguo y difícil de llevar a cabo.

Aún así, en España existen numerosas asociaciones que buscan a las personas que desaparecieron durante la dictadura. Como, por ejemplo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Estas han hecho un gran trabajo, no solo con la identificación de numerosos españoles asesinados durante el régimen, sino también con sus intentos de dar a las víctimas un entierro digno. Estas asociaciones, junto con La Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática, buscan modificar las identidades personales y familiares que fueron borradas o manipuladas durante los años del régimen franquista Ccon el fin de llevar a cabo una democracia sana y segura. Sin embargo, esto está siendo muy complejo, ya que se enfrentan a una sociedad con una memoria colectiva completamente dividida donde las narrativas del pasado siguen siendo plenamente divisivas.

En el caso de España, la mayoría de los ciudadanos han elegido una transformación gradual y pacífica durante la transición a la democracia, con el fin de evitar rupturas bruscas con el pasado. Demuestra este hecho la Ley de Amnistía de 1977, que aseguró la impunidad de muchos delitos cometidos por el régimen franquista a cambio de facilitar la incorporación de la oposición a la vida política. La decisión ha sido muy criticada ya que mantiene la amnistía de muchas personas que cometieron crímenes muy graves, y además es una forma de restringir la justicia transicional.

La Ley de Memoria Democrática de 2022 destaca la responsabilidad moral de reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. La ley enfatiza que la memoria de estas víctimas es crucial para la calidad de la democracia y que el olvido de lo ocurrido no es una opción, ya que acarrea traumas, que pasan de una generación a otra, creando un rencor y odio que no facilita la incorporación de una democracia sana. La Ley de Memoria Democrática es un avance hacia la idea de crear una memoria colectiva saludable, pero, por otro lado, muestra la tardanza de España en abordar su pasado oficialmente.

El juez Baltasar Garzón es un actor importante en el proceso de juicio a los delitos del franquismo. En el año 2006, Garzón comenzó a investigar las desapariciones forzadas y otros delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura. Garzón enfrentó una fuerte oposición legal y política a pesar de su resolución. Su intento de exhumar fosas comunes e iniciar procedimientos judiciales se topó con la oposición de las autoridades judiciales, así como con la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977. El caso de Garzón destaca las limitaciones de la Ley de Memoria Histórica y la dificultad de llevar a cabo la justicia en un entorno en el que la amnesia institucional ha sido predominante. En el mundo, Garzón es reconocido como un emblema de la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, en España su figura es objeto de controversia, ya que hay personas que lo consideran un héroe y otras que lo critican por su actuación y enfoque.

En España, los mecanismos de justicia transicional han sido determinados por la evolución tardía y su enfoque fragmentado hacia la memoria colectiva. Esta última, ha sufrido profundas consecuencias de la dictadura tan prolongada. Las leyes de memoria Histórica y Democrática son esfuerzos significativos para solucionar estas inquietudes, pero también muestran las contradicciones entre la necesidad de recordar y la inclinación por olvidar.

Como conclusión, la transición española apoyó una transformación gradual en lugar de una división radical. A través de esta estrategia se ha logrado una transición tranquila (relativamente), sin embargo, se ha mantenido el poder residual del franquismo y se ha evitado una confrontación directa con el pasado. La capacidad de la sociedad española para alcanzar una reconciliación plena ha sido limitada por la falta de mecanismos como las Comisiones de la Verdad y la persistencia de la Ley de Amnistía.

En España, la justicia transicional sigue siendo objeto de debate. Las leyes democráticas y de memoria histórica son grandes avances, pero no son suficientes para sanar por completo la historia de este pasado tan reciente y a la vez, tan lejano. La democracia española debe enfrentar su pasado con valentía y compromiso para construir un futuro basado en la verdad, la justicia y la memoria colectiva.