La atención primaria en Castilla y León: un derecho maltratado

Jesús Piñuela

Defensor de los Derechos Humanos

Existe un amplio consenso internacional sobre la importancia que tiene la atención primaria en la mejora de la salud de la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la atención primaria puede satisfacer más del 70% de las necesidades de salud de las personas a lo largo de su vida. Diversos estudios han destacado que los sistemas de salud basados en una atención primaria fuerte garantizan niveles de salud más altos a la población, son más eficientes en el uso de recursos y disminuyen las desigualdades y la mortalidad. Siguiendo este criterio, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental subrayó en 2015 la necesidad de fortalecer la atención primaria, advirtiendo a los estados de que sin una infraestructura sólida de la misma, todos los logros de la ciencia moderna y del ejercicio de la medicina podrían verse comprometidos.

A pesar de todas estas advertencias y recomendaciones, lo cierto es que en el Estado español las medidas de austeridad adoptadas durante la crisis económica a partir de 2008 supusieron una fuerte desinversión en el sistema sanitario. Amnistía Internacional denunció en un informe de julio de 2020 que, mientras que el Producto Interior Bruto (PIB) se incrementó en un 8,6% entre 2009 y 2018, el gasto sanitario público –en dinero constante– se redujo en un 11,21% y la inversión sanitaria pública per cápita lo hizo en un 10,54%.

En el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, todos los indicadores muestran que entre 2009 y 2018 se produjo un significativo descenso en la inversión sanitaria pública y que esta reducción tuvo un impacto particularmente intenso en la atención primaria. Ello se refleja en el hecho de que la proporción de personal médico y de enfermería por habitante haya permanecido prácticamente inalterado, a pesar de las crecientes necesidades, agudizadas tanto por el envejecimiento de la población como por su dispersión en el medio rural. El porcentaje de gasto en atención primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, dentro del gasto sanitario total, se mantuvo prácticamente invariable entre los años 2010 y 2020: si en 2010 dicho porcentaje era del 16,5 %, el gasto sanitario total en 2020 era ligeramente inferior, un 16,1 %.

Tras la celebración de las últimas elecciones autonómicas, en 2022, Amnistía Internacional manifestó su satisfacción por la declaración de intenciones, manifestada por el Consejero de Sanidad al inicio de la legislatura, de realizar un esfuerzo presupuestario para que, al menos, la Comunidad Autónoma destinase un 20% de su gasto sanitario a la atención primaria. No obstante, se debe advertir que este objetivo de gasto es insuficiente pues, aunque se alcanzase el mismo, Castilla y León continuaría estando lejos de cumplir con el 25% de gasto sanitario destinado a la atención primaria propuesto por la OMS (Organización Mundial de la Salud). Además, dicho compromiso solamente será creíble si en los presupuestos de cada año se establecen medidas extraordinarias de inversión y gasto, que permitan alcanzar el objetivo propuesto.

Lamentablemente, a partir del análisis de los datos disponibles se puede concluir que, a día de hoy, la Comunidad Autónoma de Castilla y León está muy lejos de cumplir con las recomendaciones internacionales en materia de inversión en atención primaria. Amnistía Internacional no ha podido detectar que se esté realizando ya, o se esté empezando a realizar, algún esfuerzo inversor relevante para dotar al sistema sanitario, en especial al sector de la atención primaria, de los recursos que son necesarios. Castilla y León se halla actualmente muy alejada de cumplir con los estándares internacionales en la materia y, sin medidas que supongan un aumento del gasto sanitario en atención primaria, seguirá estándolo indefinidamente.

En un reciente documento de recomendaciones a la Junta de Castilla y León, Amnistía Internacional exige que se lleve a cabo una inversión por encima de lo presupuestado inicialmente, tanto para el 2023 como para el año 2024, con la finalidad de reforzar las plantillas de personal sanitario e incrementar la inversión en infraestructuras y recursos materiales en los centros de atención primaria. Este incremento debería ir destinado a duplicar dicha inversión destinada a los centros de salud hasta alcanzar el objetivo de que, al finalizar la presente legislatura, es decir, en 2026, el 25% del gasto sanitario de la Comunidad Autónoma, sin contar el gasto farmacéutico, se destine a la atención primaria. La finalidad de este esfuerzo inversor es lograr que las demandas no urgentes en atención primaria se atiendan en menos de 48 horas y que el nivel de temporalidad del personal sanitario se reduzca al 8% con el fin de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria.

Las obligaciones también implican al resto de partidos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León, ya que deberían presentar enmiendas de modificación a los presupuestos de los próximos años dirigidas a alcanzar los objetivos señalados.

En definitiva, es urgente que la Junta de Castilla y León cumpla con su obligación de lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud e incrementar la inversión sanitaria, de manera especial en la atención primaria. Numerosos castellanos y leoneses no pueden esperar más.