La Diputación y la Red de Atención a las Adicciones analizan el impacto de este problema social en el mundo rural
la Corporación provincial mantiene líneas de colaboración con 68 entidades privadas sin ánimo de lucro a través de 81 convenios específicos gracias a los que se atiende anualmente a unas 20.000 personas en la provincia
El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado por la diputada de Bienestar Social, Eva Picado, ha mantenido esta jornada un encuentro con representantes de la Red de Atención a las Adicciones (UNAD), en concreto con el presidente de la organización, Luciano Poyato, y con la vicepresidenta de UNAD, Felisa Pérez, para abordar cuestiones relacionadas con este asunto.
La Diputación de Salamanca, mantiene una red de atención integral en el territorio para abordar y hacer frente a las adicciones, a través de las organizaciones del tercer sector especializadas en este asunto. Asimismo, lleva a cabo importantes acciones encaminadas a la prevención con talleres y seminarios que se desarrollan en los municipios de la provincia.
Luciano Poyato, que además es presidente nacional de la Plataforma del Tercer Sector, destacó la importancia de mantener una estrecha colaboración con las administraciones públicas más cercanas a los ciudadanos, como es el caso de la administración provincial salmantina.
Javier Iglesias, por su parte, recordó la Diputación que preside mantiene líneas de colaboración con 68 entidades privadas sin ánimo de lucro a través de 81 convenios específicos de áreas tan diversas como discapacidad, riesgo de exclusión social, inmigración, infancia, mujer o mayores.
En concreto, el presupuesto destinado a los convenios del tercer sector se incrementó en 2023 más de un 22 por ciento, para atender las necesidades de los colectivos más vulnerables. En total, detalló que se destinaron 300.984 euros más que en 2022 y que se alcanzó la cifra de 1,6 millones de euros.
Por último, destacó la importancia del trabajo que realizan las organizaciones del tercer sector en la provincia en la prestación de servicios y la atención de las personas más vulnerables. En concreto, gracias a estos convenios se atiende anualmente de forma directa a unas 20.000 personas en nuestra provincia.