Erradicar totalmente la tortura en España exige un compromiso mayor de las autoridades concernidas

María Ruiz Raigón

Defensora de los Derechos Humanos

La Convención contra la Tortura, en vigor desde el 26 de junio de 1987, es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos contra la tortura. Esta obliga a los estados que forman parte a tomar «medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir» esos malos tratos, que en ningún caso podrán justificarse por «circunstancias excepcionales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública», ni tampoco por «orden de un funcionario superior o de una autoridad pública».

De igual forma, el artículo 15 de la Constitución española expone «que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

Sin embargo, es cierto que, pese a existir este deber, en muchas ocasiones funcionarios del estado español vulneran derechos humanos, algo que puede parecer contrario a un país democrático y de derecho. El último caso conocido, muy grave por las circunstancias y la participación de tantos agentes, afecta a seis Mossos d’Escuada, condenados a varios años de cárcel por torturas y malos tratos en marzo de este 2023; hasta la misma fecha de la condena, sin embargo, la Generalitat catalana los mantuvo en su puesto y con su sueldo, incapaz, como se ve, de tomar medidas disciplinarias ni siquiera sacándolos de la calle y del trato con ciudadanos.

Tenemos testimonios anteriores al caso que acabamos de citar, tal como el recogido en eldiario.es, en el que Naia Zuriarrain relata que en el tiempo que pasó detenida los varios Guardia Civiles que debían escoltarla e interrogarla, y cito textualmente: «Me empezaron a tocar, me tocaron todo el cuerpo. Un guardia civil se pegó totalmente a mí, sus genitales a mi parte trasera y todo el rato haciendo comentarios de índole sexual, humillándome e insultándome».

Asimismo, en una entrevista de eitb.eus al policía nacional José Manuel Sánchez Fornet, este informa de que fue testigo de torturas en la comisaría de Sol (Madrid), siendo ello una de las cosas que más le impactó una vez empezó a trabajar alrededor de 1980. Explica cómo se atormentaba a los detenidos: «La primera vez que llegué a la comisaría de la Puerta del Sol vi a cuatro policías y después noté que había una persona con muchas mantas encima, estufas, una radio a todo volumen, y le estaban pegando». Cuenta que cuando denunció lo que vio sufrió una reprimenda, e incluso le explicaron que podían echarlo, y que debía ver, oír y callar.

Asimismo, Luis Gonzalo Segura, exteniente del ejército de tierra, expulsado de las fuerzas armadas por denunciar corrupción, pasó 139 días internado en la prisión militar, donde recibió tratos humillantes. A él mismo le han reconocido diversos guardias civiles, a veces hasta con orgullo, haber llevado a cabo actos de tortura, obteniendo en algunas ocasiones incluso más prestigio por ello. Los que llevan a cabo estos actos se sienten protegidos por el Estado, pensando que son intocables, de forma que no tienen miedo de realizarlos.

Estas torturas también se citan en el ámbito de los centros penitenciarios, en los que se incluyen malos tratos, palizas por parte de funcionarios, etc. En conclusión, agresiones tanto físicas como psíquicas a internos.

Los atentados cometidos por el personal de las diferentes instituciones anteriormente mencionadas son difíciles de demostrar por no contar con medios de prueba, lo que supone un verdadero problema. Además, se puede apreciar una falta de interés por parte del estado español acerca de la investigación de este tipo de crímenes. Lo ideal, y lo que es exigido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sería que una vez expuestos los hechos se tomaran las medidas necesarias para ratificarlos, mediante investigaciones objetivas, imparciales, efectivas y profundas que logren también identificar quiénes son los responsables. Sin embargo, España ha recibido diversos toques de atención en forma de condenas por no hacer todo lo posible para lograr erradicar estos actos.

Estas actuaciones hacen evidente la necesidad de que se apruebe el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020 que, entre otras, establece que «cualquier sospecha mínimamente fundada de empleo de tortura o tratos inhumanos o degradantes, será objeto de investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes, que agotarán los medios de investigación a su alcance para esclarecerlas. Ningún procedimiento penal por torturas podrá ser archivado de forma prematura». El anteproyecto mencionado podría suponer la diferencia entre la marcada actitud pasiva del Estado español y una de verdadera implicación, consiguiéndose así que se haga justicia.