La ocupación de viviendas se duplica en Salamanca porque "la Ley solo protege a los ocupas"

Salamanca dobla las cifras de ocupación de vivienda respecto a años anteriores, ha apuntado el Partido Popular de Salamanca, que este domingo ha presentado las medidas en defensa de la propiedad y contra la ocupación, de la mano de la candidata al Congreso de los Diputados, María Jesús Moro, que ha estado acompañada por los candidatos al Senado Bienvenido de Arriba y Esther del Brío, y al Congreso, Pedro Samuel Martín

“Venimos de una legislatura en la que un Gobierno de un país democrático ha hecho justo lo que no se espera de él, que es defender a los delincuentes y perjudicar a los que cumplen la Ley, dejarlos en situación de absoluta indefensión. Esto es malo para todos, aunque se revista de un halo de protección de los vulnerables; los vulnerables son las primeras víctimas de la falta de defensa de los derechos y de las libertades”, ha afirmado Moro.

En España, ha añadido, desde 2015 “han crecido los delitos de ocupación más de un 23%. En Salamanca, que es una ciudad y una provincia en la que se supone que no hay ocupación, en los dos últimos años el crecimiento ha sido del doble sobre las cifras de los años anteriores; eso sin contar con las situaciones de parálisis de desahucios, a partir de normas que lo que han hecho es suspender instrumentos de defensa de los derechos de los ciudadanos”. Según los datos que ha expuesto, facilitados por el Ministerio del Interior, entre enero y noviembre de 2022 había 24 ocupaciones en Salamanca frente a las 12 en 2020. Un incremento “debido a que se han perdido todos los instrumentos de protección” frente a “quienes piensan que es gratis ocupar ilegalmente”.

“Nosotros queremos separar, como siempre tuvo que ser, las políticas de vivienda, las políticas de protección social y la defensa de todos los derechos y libertades, incluidos la propiedad y la titularidad legítima de los derechos,con un programa muy potente de derechos sociales, con un verdadero programa de vivienda y no con lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez en una Ley que en los últimos minutos de la legislatura aprobó con los votos de Bildu, la Ley de Vivienda, y que solo protege a los ocupas, que reduce las posibilidades de un alquiler para quienes lo necesitan con precios asequibles y que, por tanto, impide lo que dicen que pretende, que es el acceso a la vivienda”, ha subrayado Moro.

“Es imposible que este país tenga credibilidad, que haya confianza, que haya inversión, si resulta que los derechos de los ciudadanos están en permanente ataque. Y no es verdad que esto sea un problema de viviendas vacías respecto a fondos buitre, tenemos casos y casos perfectamente detectados, escritos y en los tribunales en los que una persona mayor se va unos días al Hospital, por desgracia, y cuando vuelve tiene su casa ocupada, en la que inquilinos con rentas muy bajas se encuentran que entran en sus casas y se quedan en la calle, en la que personas que aspiraban a una vivienda social se encuentran con que el bloque de viviendas está ocupado, nos encontramos con comunidades de propietarios que no pueden vivir porque se ha ocupado uno o varios inmuebles de esa comunidad y no tienen ningún instrumento de defensa”. Son continuas, ha añadido, “las denuncias de las personas que no solo no pueden utilizar su vivienda, sino que además tienen que seguir pagando todos los desperfectos, la luz, el agua… y además se provocan incendios que es imposible controlar”.

Por esa razón, desde el PP consideran que es “responsabilidad que un programa tenga muy claro el respeto, la convivencia y las buenas leyes, esas leyes que ayudan a los ciudadanos y que no les crean problemas”. Así ha aludido al “paquete del ‘objetivo 8’, que la parte del programa dedicada precisamente al respeto a la convivencia, se dedique a medidas antiocupación. Además son medidas que se pueden conocer en todo su detalle y no solo en le programa, si no en proposiciones de ley que hemos venido presentando desde el año 2019, perfectamente redactadas con modificaciones en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Ley del Régimen Local, todas ellas para que sean eficaces los desalojos respecto a quienes quebrantan la Ley, para que el propietario o el poseedor de la vivienda como inquilino no tenga que pasar años y años para defender su legítimo derecho, con gravísimos perjuicios de los que nadie responde”.

Por este motivo, desde el PP se proponen “desocupaciones en 24 horas, el refuerzo de los delitos de usurpación, una clara definición de lo qué es una ocupación ilegal, la imposibilidad de fijar la morada o el domicilio por parte de un ocupa, la imposibilidad de que el apdrón se consolide y además ofrezca derechos a quienes han accedido a la vivienda de forma ilegal, la legitimación a las comunidades de propietarios para que puedan luchar con las situaciones de graves prejuicios, que además ni pueden vender, porque una vez que entra la ocupación ilegal, esas personas no pueden vivir en sus viviendas, porque se han devaluado tanto que ni pueden comprar ni alquilar otra”.

Todas estas medidas que “ya forman parte de una ley que hemos presentado y que, por tanto, presentaremos si el día 23 nos dan la confianza los ciudadanos”, son “para defender los derechos y las libertades de los ciudadanos. Además, ha añadido que “habrá más viviendas, estas sí de verdad, no esos números sin sentido que decía el presidente del Gobierno seguramente por la mala conciencia, si es que alguna vez la tuvo, de no haber hecho nada a lo largo de cinco años”. Habrá esas viviendas sociales, “bonos para ayudar al acceso a la vivienda de los jóvenes”, se retirará el tope a los alquileres e “impulsaremos oficinas de defensa frente a la ocupación”, porque “sirven para informar y para desincentivar, para ayudar a quien realmente no tiene que gastarse su dinero en protegerse de quienes hasta ahora están protegidos, por desgracia, por el Gobierno”.