Admitida la cautelar solicitada por la Plataforma de Bomberos Profesionales contra el Parque mirobrigense
Hay 20 días para recurrir la suspensión del último contrato de emergencia establecido por la Diputación con la Asociación Humanitaria de Bomberos
La larga batalla que mantiene la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León contra el Parque de Bomberos de Ciudad Rodrigo, y más concretamente contra la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo que se encarga de prestar el servicio de extinción de incendios en la zona desde hace 123 años, tiene un nuevo capítulo, producto de una resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca.
Según ha dado a conocer la Plataforma de Bomberos Profesionales a través de una nota de prensa, el citado Juzgado ha admitido la adopción de una medida cautelar consistente en la suspensión del Decreto de Presidencia de la Diputación de Salamanca de octubre de 2022 por el cual se establecía un nuevo ‘contrato de emergencia’ con la Asociación Humanitaria de Bomberos de Ciudad Rodrigo para encargarse del Parque de Bomberos mirobrigense por 440.000€ durante 6 meses (fórmula que se viene repitiendo durante los últimos tres años).
A efectos prácticos, la medida cautelar supone según la Plataforma que “desde ya debe cesar el actual contrato de emergencia citado” y que por ende se paraliza “la prestación del servicio de Bomberos de Ciudad Rodrigo”, “dejando a los ciudadanos de la comarca más desprotegidos”.
En la nota de prensa se señala que cabe recurso contra esta decisión judicial, exactamente en un plazo de 20 días, según señalan desde la Asociación Humanitaria de Bomberos de Ciudad Rodrigo, desde la cual no se quieren hacer declaraciones por el momento en torno al asunto, aclarando eso sí que tanto ellos como los servicios jurídicos de la Diputación están estudiando la situación y que obviamente “vamos a seguir con el servicio hasta que un juez diga otra cosa”.
En su nota de prensa, la Plataforma de Bomberos Profesionales crítica la “particular manera de entender la legalidad y las sentencias en relación a los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento” (SPEIS) por parte de la Diputación de Salamanca al establecer contratos con entidades de voluntarios, que es su principal caballo de batalla en este conflicto, remarcando que la Ley y las sentencias determinan que los Cuerpos de Bomberos en Castilla y León “tienen que ser funcionarios y Agentes de la Autoridad, no ‘voluntarios’”.
Desde su punto de vista, la Diputación “engrasa el buen funcionamiento de su maquinaria de intentar burlar la ley y embaucar a la ciudadanía, vistiendo como Bomberos a ciudadanos que valiéndose de la palabra ‘voluntario’ han creado un ente privado por el que cobran irregularmente, sustituyendo una profesión para la que hace falta aprobar con plaza una oposición que ellos nunca pasaron”.