Apartheid

Oculta por el tráfago marujil y el politiqueo interesado en que se ha convertido la información en España, la noticia de que el Ayuntamiento de Barcelona suspende sus relaciones con el estado de Israel y anula su hermanamiento con la ciudad de Tel-Aviv, debido a la política de apartheid que ese estado ejerce contra el pueblo palestino. La noticia, salvo mínimas excepciones, es arrinconada, ninguneada y ocultada tanto por los medios de comunicación como por los principales partidos políticos de este país (y, ay, de otros muchos), que demuestran otra vez que los asuntos que tocan los derechos humanos fundamentales, que hablan de la ética y apelan a la justicia, no están entre sus prioridades.

El comportamiento criminal que desde el inicio de la formación del estado de Israel (1948) hasta hoy han practicado todos y cada uno de sus gobiernos contra el pueblo palestino, expulsado de su tierra milenaria y empujado al refugio, la miseria, la enfermedad y el sufrimiento, ha sido ya calificado de apartheid por muchas entidades y organizaciones defensoras de derechos humanos, entidades pacifistas o simplemente vigilantes de la justicia. Múltiples resoluciones de la ONU condenando los crímenes y la constante extorsión, asfixia y tortura social y psicológica hacia el pueblo palestino por parte de Israel, exigen también la retirada de Israel de territorios palestinos ocupados por la fuerza, la restitución de instituciones, derechos y posesiones arrebatadas ilegalmente a Palestina. Todas estas resoluciones han sido sistemáticamente incumplidas con la anuencia y el silencio cómplice, es decir, la complicidad, de los gobiernos de los más poderosos países del mundo (y de sus satélites), enfangados en intereses y chantajes financieros, comerciales y mercantiles muchas veces inconfesables (por poner luz sobre algunos de ellos, Julian Assange y Edward Snowden siguen siendo perseguidos por todo el mundo).

Las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ilegítimos, los traslados forzosos, las restricciones a la circulación o la negación de la nacionalidad y la ciudadanía a la población palestina, son elementos que, según el derecho internacional, equivalen a un apartheid. Las autoridades israelíes deben rendir cuentas, pues, por cometer el crimen de apartheid contra la población palestina. Un crimen que significa la imposición de un sistema de opresión y dominación de la población palestina en los lugares donde tiene el control de los derechos de ésta, abarcando a las palestinas y palestinos que viven en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, así como a la población refugiada desplazada en otros países.

Un crimen de esta naturaleza, perpetuado en el tiempo, debiera de ser obligatoriamente considerado y juzgado por la Corte Penal Internacional, un tribunal del que cabe preguntarse a qué intereses sirve si no contempla procesar y hacer comparecer ante la jurisdicción universal a los perpetradores de este inmenso abuso por el que las palestinas y los palestinos, vivan en Gaza, Jerusalén Oriental, Hebrón o en el propio Israel, son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos.

Las decisiones morales escasean en el mundo, y no es de extrañar que un mundo hundido en la trivialidad de lo comprable, siga haciendo oídos sordos y poniéndose vendas en los ojos ante una realidad tan sangrante como inocultable cual es la de Palestina. No hay justificación posible para un sistema construido en torno a la opresión racista institucionalizada que practica permanentemente Israel contra millones de personas. Los estados que apoyan esa política genocida del estado israelí haciéndole concesiones, se encuentran, sin duda, en el lado equivocado de la historia. Los gobiernos que continúan suministrando armas a Israel y que lo protegen de la rendición de cuentas ante la ONU y otros organismos internacionales, están claramente siendo cómplices de ese apartheid, están colaborando en el menoscabo del orden jurídico internacional y contribuyendo a exacerbar el sufrimiento del pueblo palestino.

La decisión del Ayuntamiento de Barcelona, que parte de una iniciativa ciudadana promovida y firmada por multitud de personalidades, organizaciones y entidades nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch o Aministía Internacional, se alza, pues, como un ejemplo del ejercicio de la más auténtica ciudadanía humanística que no debiera faltar en la mayoría de las instituciones públicas, que tendrían que preocuparse mucho más por el corazón de los pueblos. Además, este valioso gesto barcelonés de denunciar pública y e-fec-ti-va-men-te el intolerable comportamiento genocida de Israel, que en absoluto puede opacarse con las absurdas acusaciones de antisemitismo o apoyo al terrorismo con que los indiferentes acusan de oficio a cualquier defensa de los derechos humanos, debería significar el primer paso para cambiar el paradigma de la aceptación acrítica de una realidad insoportable, y acabar con los viles excesos, por acción u omisión, contra la población palestina.