"Las nuevas medidas no obligan ni a las mujeres embarazadas ni a los profesionales", asegura Mañueco

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy que el Gobierno autonómico no modificará ningún protocolo sobre la asistencia a las mujeres que quieran abortar y que las nuevas medidas no obligan ni a las mujeres embarazadas ni a los profesionales y acusó al Gobierno central con su requerimiento de “sacar rédito político” y de utilizar a las mujeres como “rehenes”.

El Gobierno autonómico “no va a promover ni amparar coacciones directas ni indirectas" a las embarazadas, explicó el presidente de la Junta en la lectura de una declaración institucional en la sede de la Presidencia de la Junta, donde expresó el apoyo a los derechos de las mujeres y de los profesionales de la sanidad y expresó su “sorpresa” por el requerimiento anunciado por el Gobierno, si bien indicó que en este momento no se ha recibido en la Junta.

Sostuvo que las medidas previstas, de las que informó el pasado jueves el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, mejoran y modernizan la cartera de servicios a la mujer embarazada en Castilla y León, pero sin modificar las leyes y protocolos estatales.

“No se obligará a nada”, remarcó el presidente de la Junta, que insistió en que la elección de interrumpir o no el embarazo es una decisión “libremente” adoptada por ellas, aunque señaló que podrán solicitar los nuevos recursos que ofrecerá Sacyl, entre los que se encuentran atención psicológica preferente, escuchar el latido fetal o una ecografía 4D.

El presidente de la Junta enmarcó estas medidas en promover la natalidad en una comunidad que pierde población, calificó de “lamentable” la posición del Gobierno cuando las competencias sanitarias son autonómicas y rechazó “lecciones" sobre la protección a las mujeres de un Ejecutivo que con la ley del ‘solo sí es sí’ ha propiciado “la salida de agresores sexuales” de las cárceles.

Fuente ICAL