“Quienes tienen que mover ficha son las consejerías de Fomento y Sanidad”

Los trabajadores del Servicio de Emergencias del 112 y 061 decidieron paralizarse en julio para señalar sus deficitarias condiciones de trabajo. Con el paso de las semanas la huelga, la primera exclusiva del colectivo en más de veinte años, se ha extendido como indefinida a todos los viernes del mes. Aun así, quienes tengan una emergencia durante esos días no lo van a notar, “y a nosotros nos parece bien que así sea”, apostilla Domingo Largo, presidente del Comité de Empresa. Los servicios esenciales establecidos por la Junta de Castilla y León son cercanos al 100%, una medida que consideran “paradójica”. Paradójica porque mientras siguen adscritos al marco jurídico de los trabajadores de telemarketing, la Junta ratifica con el alto porcentaje que son imprescindibles. Anuncian que recurrirán a los tribunales la medida porque aunque su objetivo no es mermar los recursos, creen que es “abusiva”.

Su lucha empieza por el deseo de tener un convenio propio acorde a sus responsabilidades. “No hacemos venta telefónica, el hecho de que usemos el teléfono como herramienta no quiere decir que seamos telemarketing, de la misma forma que un médico que lo utiliza para hacer consultas telefónicas no lo es”. Por ello piden un acuerdo propio de centro con las empresas que gestionan el servicio para desmarcarse de las condiciones laborales de la venta telefónica. También solicitan una mejora de las mismas para garantizar rondas ordenadas que alternen turnos de mañana, tarde, noche y descanso. Hasta el momento, estos calendarios ni siquiera se han implantado para los trabajadores del 061 y a ellos acceden menos de la mitad de los trabajadores del 112. El resto son ‘correturnos’ y no tienen rutinas semanales. “Si una semana trabajas cinco noches seguidas y luego tienes tu día de descanso, cuando sales a las siete de la mañana es imposible conciliar”.

Presencian cómo las guardias están desapareciendo en favor de listas de voluntarios, algo que califican de “locura” en un servicio de emergencia porque la voluntariedad no ofrece garantías. “El día que los necesitemos, de los treinta que hay apuntados en la lista tendremos suerte si llegan cinco”. En la actualidad, hay tres trabajadores de guardia comprometidos a estar en la sede central en menos de media hora en caso de que se produzca un pico de llamadas, como los que se vienen dando durante el verano por los incendios forestales. Siempre van “cortos de personal” y piden que no se utilice el historial de llamadas para disminuir el número de operadores en sala las jornadas con menor tendencia a recibirlas. Desde el 2009 sus sueldos se han mantenido congelados, por lo que también demandan un aumento salarial. El actual roza el mínimo interprofesional. Hace dos años protestaron para conseguir que todos los trabajadores del sector fueran subrogados con el cambio de contrato y también les prometieron mejoras de las condiciones laborales que “quedaron en el aire”.

“Con la ley en la mano nos dirigimos a nuestras empresas, Ilunion en el caso del 112, Serveo en el de los compañeros del 112, pero no es ningún secreto que esto lo gestiona la Junta, al final quien tiene que mover ficha son las Consejerías de Fomento y Sanidad”. Ambos organismos trabajan en la misma sala y reivindican las mismas condiciones. Todo parte de un problema que consideran estructural, que “un servicio que debe ser público” esté gestionado por una empresa subcontratada que reduzca recursos y recorte personal “para quedarse con un porcentaje de beneficio industrial lo más alto que pueda”. “El que ordena los protocolos que tenemos que cumplir es la Junta, el edificio es de la Junta, la mesa es de la Junta, las sillas son de la Junta, el ordenador es de la Junta y entonces nosotros deberíamos trabajar para la Junta”. Es cierto que no se puede despilfarrar el dinero público pero también es cierto que por meras cuestiones de coste económico en un teléfono de emergencias muchas veces andamos cortos de recursos, y no debería ser así. Y concluyen con la convicción de que se mantendrán en huelga hasta lograr un acuerdo “razonable” y satisfactorio para los trabajadores.