Los bomberos forestales convocan una concentración en Madrid

Los bomberos de la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF) se han concentrado este jueves, 25 de agosto, a las puertas del Congreso de los Diputados para pedir que se les reconozcan sus derechos laborales y que vea la luz el Estatuto Básico de Bomberos Forestales con carácter de urgencia, por lo que tienen previsto volver a realizar una concentración en Madrid el próximo 8 de octubre.

En sus redes sociales, este colectivo recuerda que el estatuto, que ya fue aprobado en febrero de 2019 en el Senado, "no hace otra cosa que aglutinar toda la normativa nacional y europea vigente desde 2010 para su aplicación, y que el personal que forma estos servicios se rija desde unos mínimos básicos".

"No podemos dejar que asuntos tan importantes como los riegos de toxicidad, penosidad y peligrosidad inherentes a nuestro puesto de trabajo que nos da paso a regularizar unos coeficientes reductores para la edad de jubilación, así como la formación continua reglada en función de la certificación profesional, pues así lo exige la Ley Orgánica de Protección Civil, quede supeditada a mesas de negociación colectiva. No podemos permitir que algo tan básico se negocie en 17 mesas diferentes, debe de aplicarse la normativa de manera común a todo el personal de los diferentes dispositivos", alertan.

"Cuando tenemos un accidente derivado del trabajo no tenemos reconocida la peligrosidad, toxicidad ni penosidad, por lo que no se considera una enfermedad laboral", ha señalado en declaraciones a los medios la delegada sindical CGT Sarga, Cristina Pérez.

Otra de las reivindicaciones de los profesionales es el coeficiente reductor por edad, como ha destacado por su parte el bombero Txetxu Molina, quien ha recordado que hay personas por encima de los 60 años "en primera línea de llama".

Asimismo, Molina ha apuntado que las condiciones laborales no son adecuadas, ya que se juegan la vida por un contrato de cuatro meses al año con un sueldo que roza los 1.200 euros, entre otras reivindicaciones.