CyL aportará fondos para ayuda humanitaria y ofrece sus recursos al Gobierno para acoger a ucranianos

La Junta de Castilla y León aportará fondos junto a otras comunidades autónomas a través de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo Internacional al Desarrollo (AECID) y ofrecerá sus recursos para acoger a los refugiados que puedan llegar a la región.

Además, el consejero de la Presidencia en funciones, Ángel Ibáñez, ha anunciado que la Junta modificará el decreto de prórroga de los presupuestos para flexibilizar la capacidad de acometer gastos extraordinarios en algún momento por esta crisis.

Ibáñez ha comparecido con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en funciones, Isabel Blanco, tras la reunión de la Comisión interconsejerías para coordinar las acciones de la Junta de Castilla y León ante la crisis humanitaria de Ucrania.

En este marco, Ibáñez ha explicado que tras la invasión rusa de Ucrania el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ya anunció un primer grupo de medidas que quería poner en marcha y ofreció recursos para colaborar en la medida las posibilidades ante esta crisis humanitaria.

Para ello, ha recordado Ibáñez, pidió a todos los consejeros activar todos los mecanismos necesarios para su puesta a disposición del Gobierno de España para colaborar en la crisis humanitaria que ya ha supuesto la celebración de diversas reuniones y contactos con distintos ministerios y departamentos como la Secretaría de Estado de Migraciones o la AECID.

Así, de "de modo inmediato" para todo lo que tenga que ver con los mecanismos de ayuda humanitaria que puedan ser necesarios establecer en un primer momento, la Junta ha ofrecido su colaboración para, junto con otras comunidades autónomas, activar un convenio existente de acción humanitaria que permitiría hacer una aportación económica, aún por determinar, a través de la AECID para un fondo común de ayuda humanitaria a Ucrania y ha señalado que se contribuirá con lo que se le demande.

Por otro lado, ante la "importantísima ola de solidaridad" que se mueve en Castilla y León, ha señalado que es importante que toda esa ayuda pueda canalizarse a través de las organizaciones que, de modo institucional ya colaboran en asuntos relacionados con esta materia y evitar así que todos los recursos que se están recogiendo acaban llegando al destino, dado que de lo contrario se corre el "riesgo" de que no lo haga ante las dificultades de logística y distribución existente.

Por eso han hecho un llamamiento al Gobierno central para que coordine los esfuerzos que todo el mundo está haciendo en la Comunidad autónoma para que se pueda garantizar esa llegada de todos los recursos que se están generando.

Atención a desplazados

Por otra parte, el consejero ha explicado que se ha mantenido una reunión por videoconferencia con la Secretaría de Estado de Migraciones en relación a una fase posterior relacionada con los posibles desplazados por la guerra, que se cifran ya en cerca de 700.000 a través de las diversas fronteras, incluido el espacio europeo, lo que va a permitir su libre movilidad.

Ibáñez ha incidido en que en España viven unos 120.000 ucranianos, de los cuales 1.400 están en Castilla y León (algo más del 1 por ciento), y hay un mecanismo de la comunidad ucraniana para intentar colaborar con sus propios compatriotas, trayendo gente a Castilla y León, pero que el Gobierno de España quiere gestionar a través de un mecanismo centralizado de acogimiento.

Por ello, la Comisión interconsejerías reunida este miércoles tiene como misiones poner sobre la mesa cuáles van a ser todos los recursos que la Comunidad va a poner al servicio del Gobierno de España para que, "desde su colaboración y también desde su coordinación", se puedan poner a disposición "de inmediato".

En este sentido, ha valorado el anuncio de la Unión Europea de poner en marcha la directiva de protección para las personas desplazadas por motivo de conflicto, que data del año 2001, pero que es la primera vez que se activa.

Así, se prevé que esta semana, como ha anunciado el Gobierno de España, se active este instrumento que permite generar unos mecanismos de protección inmediata para todas las personas desplazadas que se pudieran acoger en Castilla y León, que siempre ha estado "a la altura de las circunstancias" ante una crisis humanitaria.

En este marco actuará, por un lado, en el ámbito de personas que se puedan acoger directamente a través de los mecanismos establecidos por el Gobierno para familias o adultos y, por otro lado, que va a suponer un "especial esfuerzo", que es el relacionado con menores que no tienen protección o tutela legal a su llegada

A este respecto, Isabel Blanco ha profundizado en las diferentes situaciones que se puedan dar, una la llegada de familias que puedan llegar a través de los cauces oficiales y la otra a través de la propia comunidad ucraniana, que contará con necesidades como la tramitación de papeles, residencia, obtención del estatus de refugiado, etcétera, además del acceso a servicios públicos, para lo que se les apoyará y se organizarán los recursos necesarios como en otras crisis.

Menores

El segundo grupo, "más delicado y diferente", son los menores que puedan llegar con sus madres cuando los padres se queden en Ucrania o los menores extranjeros no acompañados que lleguen solos, ante los que s actúa de manera diferente.

Así, en el primero de ellos, hay que poner a su disposición recursos sanitarios y vacunación o la escolarización que sea necesaria, pero en el segundo son menores no acompañados, que supone el inicio de expedientes para localizar a su familia y que entren en el sistema de protección de servicios sociales.

Blanco, que ha ofrecido todos los recursos que sean necesarios, ha expresado su preocupación por que muchos jóvenes de 16 o 17 años, que en España son menores a todos los efectos, no son considerados así para algunas cosas en Ucrania, por lo que puede producirse una llegada de muchos chicos de estas edades porque al no ser considerados menores se les puede pedir que se incorporen a luchar en la guerra.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en funciones ha aclarado que la capacidad es la que se demande, dependiendo también de situaciones o a través de las distintas entidades que habitualmente trabajan con la Junta o de los propios centros y sistemas de protección.

Blanco ha reiterado que es una "incógnita" la cantidad de gente que pueda llegar y hay un volumen importante de desplazados que es previsible que aumente.

"No es ofrecer una residencia, no es ofrecer un colegio mayor, es ofrecer todo un sistema de protección", ha explicado Blanco, quien ha reiterado que está en contacto con el Gobierno central para abordar cómo enfrentarse a la situación, ante un problema común a todas las comunidades, porque cada una tiene su sistema de protección de menores.

Desea servicio sanitario escolar [no] se [dice] y se podrá y podrán traer tantos amigos como quieran.

La consejera ha insistido en que lo que se pide es que los desplazados que puedan llegar entren por los cauces oficiales para poder ayudarles de la mejor manera posible. Así, ha recordado que el tema de refugiados es competencia estatal y lo primer que es necesario es su identificar y gestionar los papeles que van a necesitar para acceder al resto de servicios, que se les van a prestar.