El PSOE implantará una política fiscal "justa y progresiva", si gobierna en la Comunidad

La política fiscal que pretende implantar el PSOE en Castilla y León está basada en la reestructuración del modelo actual impuesto por el PP y se identifica, entre otras cosas, “porque cada castellano y leones pague por lo que tiene, por lo que gana o hereda, no es una cuestión de subir o bajar impuestos, sino de tener una fiscalidad progresiva y justa”

Así se ha explicado la candidata a las Cortes por el PSOE de Salamanca Rosa Rubio en rueda de prensa hoy, junto al portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Fernando Rubio, para explicar el programa de gobierno de Luis Tudanca en materia fiscal.

En este sentido, y si los socialistas gobernaran la Junta, ha anunciado Rosa Rubio, se establecerán deducciones específicas por residir, retornar, alquilar o comprar vivienda en zonas escasamente pobladas. En el IRPF se propone la reducción del 25% en la cuota autonómica para los residentes habituales en municipios rurales con problemas demográficos, además de una deducción por el traslado de vivienda, “por el retorno” a la Comunidad

La candidata socialista ha comprometido también la creación de una Ley, “que incluya deducciones, bonificaciones y ayudas” para sufragar el coste de acceso a los servicios públicos esenciales porque “para los socialistas es imprescindible que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios públicos esenciales vivan donde vivan”.

En esta línea, Rubio ha prometido subvenciones para que los autónomos y las empresas puedan establecerse y mantenerse en el medio rural, incentivando la contratación especialmente de jóvenes y mujeres, además de complementar dichas ayudas con un Plan de digitalización que incluya la cobertura y el acceso a internet y nuevas tecnologías en todas las partes del territorio.

Plan de choque contra el fraude fiscal

“En una buena política fiscal son tan importantes los gastos y el control del dinero público como los ingresos porque el dinero es de todos” ha continuado, tras comprometer que los socialistas van a crear un Plan de choque contra el fraude fiscal duplicando los medios materiales y humanos destinados a la inspección tributaria y, en segundo lugar, un Plan “implacable” que luche contra la corrupción, “que ha asolado nuestra tierra y ha esquilmado las arcas de la Junta de Castilla y León provocando un recorte en los servicios y que tiene un único culpable que se llama Partido Popular”.

En definitiva “una política fiscal progresiva, sostenible, transversal y justa que beneficie a todos y todas y no solo a unos pocos” con un objetivo especial como es acabar con la lacra de las despoblación, “uno de nuestros principales problemas” ya que, no en vano, ha recordado la candidata socialista, Castilla y León “se desangra día a día” perdiendo en diez años más de 175.000 habitantes, 37.000 de ellos en Salamanca, “más que habitantes tiene Béjar y Ciudad Rodrigo juntos”, y en los últimos años, desde que Mañueco gobierna, ha remachado, “ hay cerca de 4.000 habitantes menos en nuestra provincia”.

El IVA pendiente desde 2017

Por su parte, Fernando Rubio ha reivindicado el dinero que van a recibir las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos por parte del Gobierno de España a cuenta del IVA que dejaron de percibir en el año 2017, “con el Gobierno de Rajoy”. Los Presupuestos han incorporado partidas por 3.100 millones de euros para los gobiernos autonómicos, y 500 millones para los Consistorios “para paliar y corregir esta situación”, ha indicado, “unos Presupuestos que han recibido el voto en contra del PP” recordó, “y, por tanto, se opuso a que este dinero llegará con lo bien que nos va a venir para mejorar y mantener servicios básicos”.

A esta línea de financiación aprobada ya por el ejecutivo de Pedro Sánchez, se une el programa hecho público por Luis Tudanca quien en caso de acceder a la presidencia de la Junta de Castilla y León ha comprometido “acabar con la “infrafinanciación” de la Junta a los Ayuntamientos compensándolos con una inyección de 87 millones de euros.

Y de esta forma, ha concluido, acabar con la "mísera contribución de la Junta y del señor Mañueco a los entes locales, a los que ha financiado con 69 euros por habitante al año, muy por debajo de la media en España que es de 106 euros, en concreto, 37 euros menos por habitante” a pesar de los fondos que ha recibido del Gobierno de España y que “en vez de utilizarlos para luchar contra la pandemia y mejorar los servicios básicos, los ha guardado en el cajón dedicándose a destrozar la sanidad y despedir profesionales”.