Abusos a menores en España: preocupante aumento en la última década

Nadia Rodríguez Sánchez. Defensora de los derechos humanos.

Si en el año 2008 las llamadas atendidas por la Fundación ANAR por abuso sexual fueron un total de 273, en el 2019 fueron de 1.093, cuatro veces más. El perfil del menor abusado es el de una mujer adolescente, en un momento en el que la violencia sexual ha dado lugar a una mayor concienciación sobre problema.

A pesar del aumento exponencial de las denuncias, el porcentaje es bajo, ya que del 43,3 % que tuvo intención de denunciar solo el 10,6 % lo hizo, mientras que el 18,2 % de las denuncias se archivaron por falta de pruebas. Las causas por las que las menores no se atreven a denunciar son diversas: existen dificultades para demostrar el abuso debido a que en el 80 % de los casos no deja secuelas físicas visibles; y, ciertamente, el entorno de convivencia presenta dificultades puesto que el 37,8 % negó los hechos, el 31 % justificó o encubrió al agresor, el 24 % no muestra reacción alguna y, sorprendentemente, el 7,2 % acusa a la propia víctima.

Además, este estudio revela que los autores de los abusos pertenecen al entorno más cercano de la víctima, siendo los principales agresores los padres en un 23,3 % de los casos, compañeros en el 8,7 %, amigos en el 5,7 %, parejas sentimentales en el caso del 5,6 % de los abusos y, tíos y padrastros en el mismo porcentaje del 5,4 % de los casos, entre muchos otros perfiles de agresor.

Por lo general, las víctimas son mujeres, siendo un 78 % niñas, entre las que el 59 % ronda la edad de 13 a 18 años, un 53,4 % de las menores tienen menos de 12 años y el 16 % de las víctimas tienen menos de 5 años de edad. A pesar de que la mayoría son niñas, en uno de cada cinco casos se produce a niños menores de edad. Asimismo, en el 69 % de los casos se dan abusos de forma reiterada en el tiempo: 49 % de forma habitual en la vivienda del menor, 14,8 % en casas del entorno y el 13,2 % en el entorno escolar.

Como se puede observar, el perfil del agresor es el siguiente: hombre de la familia o del círculo de confianza que abusa en casa de la menor o en casas de familiares e, incluso, en el entorno escolar o extraescolar. Algunos de los datos son los siguientes: en el 32 % de los casos es el padre biológico, en el 6,2 % la pareja sentimental de la madre y en el 1,6 % personas del entorno de confianza (única cifra que ha disminuido desde el 2008 cuyo porcentaje era del 6,2 %). Al mismo tiempo, no solo se habla de violencia sexual, sino que en el 53,6 % de los casos recibieron violencia física o intimidación por parte de los agresores. Este estudio muestra que en la mayoría de los casos la violencia es mayor a mujeres, en especial, cuando llegan a la etapa de la adolescencia.

El crecimiento anual de los casos constaba de una media del 14,3 %, mientras que, en los últimos años la media alcanzó el 20,5 %, cifra que muestra también el crecimiento de abusos a través de nuevas tecnologías como el Grooming en un 36,7 % y el Sexting en un 25 % de crecimiento anual. Dentro de los casos estudiados, en el 22 % se encuentra implicación de la tecnología en el abuso, y, además, en el 1,6 % de los casos había influencia de algún tipo de drogas. Respecto a la sintomatología de las víctimas, se observan cambios del estado de ánimo de forma brusca, síntomas de tipo psicosomático, conocimiento de tipo sexual no acordes con la edad de la víctima, así como comportamientos sexuales agresivos y explícitos.

Otro dato a observar es el aumento de la violencia sexual en grupo o en ``manada´´, dicho de otro modo, el aumento del abuso a las víctimas por parte de dos o más personas a la vez, que ha pasado del 2 % de las agresiones en 2008a un 10,5 % en el año 2018. Junto a estos datos, preocupa el incremento de menores de edad víctimas de violencia de género por sus parejas o exparejas, pasando de un 3,3 % de casos en el año 2008 a ser en el 2018 el 6,3 %.

Otros estudios realizados, por ejemplo, por el Consejo de Europa, muestran cifras realmente preocupantes: del 15 % al 20 % de niñas y niños sufren abusos sexuales antes de cumplir los 18 años, siendo uno de cada 5. Es, pues, fundamental arrojar luz y que la sociedad conozca datos reales sobre un problema tan grave que no deja de crecer y que es preciso atajar.

Hace falta profundizar en el conocimiento del problema y realizar campañas de concienciación que proporcionen ayuda a menores para dar el paso de denunciar sin miedo, aumentar la profesionalización de la atención a menores y promover reformas en el marco judicial para una mayor protección de la infancia.

Actualmente, existe una ley en tramitación parlamentaria que anuncia la creación de juzgados especializados en la materia, la obligación de avisar de la gravedad del delito y aumentar el plazo de prescripción del mismo, contando desde que la víctima cumpla los 30 años. Se trata de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia.

Pero para combatir los abusos a la infancia no basta con modificar las leyes o promulgar otras nuevas. La educación y la visibilidad pública del delito son también fundamentales.

La educación es básica para evitar dichos delitos y para ayudar a posibles víctimas. Si en el marco educativo se enseña la gravedad del tema, será más probable la denuncia del delito, así como el rechazo social. En muchas ocasiones las víctimas no denuncian por ser su agresor parte del entorno cercano e, incluso, se autoconvencen de una falsa normalidad. Es aquí, en la educación, donde se debe enseñar a todos los niños y niñas que, con independencia de que sea un familiar, amigo del entorno de convivencia o incluso del entorno escolar, deben denunciar, sin miedo, porque no están solos en esa lucha. Concretamente, deben aprender que ser del entorno no les da derecho a abusar de ellos, los lazos consanguíneos no justifican jamás un delito. Respecto a la visibilidad pública, se combina también con la educación ya que, si se muestra públicamente el carácter aberrante del delito, el rechazo social aumentará, así como las exigencias de la sociedad a los poderes públicos de poner fin a dichos abusos.

La defensa de la vida y del respeto a los menores es un objetivo esencial de cualquier sociedad civilizada.