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Actualizado 20/10/2021
Redacción

En concreto en la confluencia con la carretera de Aldealengua

Podemos Salamanca ha presentado alegaciones contra la aprobación del Estudio de Detalle para la construcción de 89 viviendas en la calle Colombia en la confluencia con la carretera de Aldealengua.

Comunicado de Podemos Salamanca

El motivo de las alegaciones se centra en la consideración de que la reserva del 10% para vivienda de protección pública en claramente insuficiente para las necesidades de la ciudad. Además incumple el espíritu y la consideración general de las leyes de urbanismo y vivienda tanto estatales como autonómicas que consideran que la reserva ha de ser como mínimo de un 30%. Esta es también la reserva que la futura ley de vivienda legislará para todas las promociones.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca, avala con su PGOU la reserva de tan solo un 10% a vivienda protegida sin especificar su régimen, si en propiedad o alquiler. En 2011 el PGOU estableció una norma general para toda la ciudad sin tener en cuenta la excepcionalidad de la medida y la necesidad de justificarla. Y menos aún que con la crisis inmobiliaria muchas familias en ese momento habían perdido la vivienda en propiedad y se habían visto obligadas a buscar vivienda en alquiler en una situación de crisis económica en la que también se perdieron muchos empleos. Esta modificación no fue una medida solidaria, más bien al contrario; cuando más se necesitaba haber incrementado el parque de vivienda protegida, se rebajó la obligación de reserva.

Se justificó, en ese momento en que, visto en conjunto, la ciudad ya disponía de ese 30% de vivienda pública. A poco que se haya vivido en esta ciudad se sabe que no es ejemplo de ciudad con vivienda barata ni protegida. De haber tenido, habrá sido hace ya mucho tiempo; esa vivienda con la que se justificaba el Ayuntamiento ya no es pública porque se ha vendido a particulares. Hace años que no existe en esta ciudad oferta suficiente de vivienda de protección pública. Y menos aún de lo que demanda el mercado inmobiliario desde la crisis de 2008: vivienda en alquiler a precios asequibles.

España es el país de la Unión Europea que menos vivienda en alquiler tiene, apenas una vivienda por cada 100 habitantes, diez veces menos que países tan cercanos como Francia, Alemania o Reino Unido.

En este caso es la Sareb la propietaria del 75% del suelo que se va a urbanizar. De ella se espera que, siendo una sociedad anónima especial con un 45% de participación del Estado, sea más sensible con la situación de necesidad de vivienda de muchas familias en nuestra ciudad. Pero en general, también es una demanda que tiene que extenderse al resto de proyectos inmobiliarios que se promueven en la ciudad, también los de iniciativa privada. En la última promoción que el Ayuntamiento autorizó en la Avda. de los Maristas, propiedad de Iberdrola, solo se reservó el mismo 10%.

Con frecuencia se señala que el Patronato Municipal de Vivienda ya construye vivienda protegida y últimamente en alquiler social. Aun así no son suficientes, apenas 150 si consideramos en conjunto las viviendas en alquiler, las de alquiler con opción de compra y las destinadas a personas mayores del Victoria Adrados. Ahora mismo solo se dispone de una vivienda para alquiler y la lista de espera de demandantes es muy larga. En la última convocatoria para la adjudicación de 35 viviendas municipales en alquiler se presentaron 600 solicitudes. Y el ritmo de disposición de nuevas viviendas es muy lento.

Para aumentar el parque público en alquiler es necesario que el Ayuntamiento se implique aún más, con la compra por ejemplo, como han hecho otros ayuntamientos, de vivienda ya construida para destinarla al alquiler social. Y también es una cuestión que afecta al sector privado que tiene que promover la construcción de vivienda para alquilar, no solo para vender.

Por ello, la concejala de Podemos Carmen Díez señala que "el problema que tenemos es del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad y del equipo de gobierno municipal cuyas expectativas son muy cortas en materia de vivienda pública. Es necesario que el PGOU establezca una reserva de vivienda de protección superior a ese 10% siendo una parte obligatoriamente destinada al alquiler. Esto es lo que demanda hoy en día el mercado inmobiliario".

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