A vueltas con la justicia

Todos los españoles deberíamos saberlo, pero hay algunos que, aun sabiéndolo, se empeñan en ignorar que, por la Constitución de 1978 en vigor, "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político" y que "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Luego, esa soberanía, esos valores y esos poderes, son de todos y de nadie en particular.

Viene a cuento porque, algunos dirigentes políticos o gobernantes, pretenden apropiarse del valor supremo de la libertad, reduciéndola y entendiéndola a su manera claro, o secuestran a la justicia, bloqueando, en beneficio propio, la renovación de cargos y responsabilidades de los órganos competentes, tal y como está previsto en el ordenamiento jurídico.

Quizás convenga recordarles a sus señorías, porque saberlo lo saben, que una de las principales características de las democracias consolidadas, como es la española, es la de respetar el estado de derecho, un estado ideal en el que todos los poderes o estamentos del Estado, y lo oposición también es poder, se encuentran sometidos a la Constitución, a la autoridad de las leyes vigentes y a todo el cuerpo normativo, que rigen el comportamiento dentro de una sociedad dada.

Las ideas que sustentan el Estado de Derecho surgen en el siglo XVIII del liberalismo alemán y más concretamente de los pensadores Guillermo von Humboldt e Immanuel Kant, como reacción contra el absolutismo monárquico. Se consolida en 1789 con la Revolución Francesa y establece la división de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Pero con demasiada frecuencia se politiza la justicia y se judicializa la política, hasta el punto de que se llega a bloquear el ejercicio diario que justifica su existencia.

Vamos ya para casi tres años que se mantiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), incumpliendo así la ley y el mandato constitucional de negociar la renovación de los cargos caducados de las instituciones constitucionales, sobre la base de la aritmética parlamentaria salida de las urnas. No hace falta ir a estudiar a Salamanca, para saber que los máximos responsables de ese bloqueo son aquellos que sacan beneficio de esta situación anómala, porque en la composición del actual CGPJ cuentan con más jueces a su favor. La imparcialidad de la justicia se pone así en entredicho.

La larga espera para la renovación de los vocales del CGPJ cuyo mandato está caducado, los diferentes intentos para llegar a un acuerdo entre el Gobierno y el partido mayoritario de la oposición y las sucesivas excusas, sugiere que estamos ante un filibusterismo político, una táctica de obstruccionismo parlamentario, para retrasar, bloquear e impedir la renovación de órganos constitucionales vitales para la vida y el desarrollo, tanto económico como social, de los españoles. Es preciso un poco de patriotismo constitucional, señorías.

No cabe ninguna duda de que esta táctica de bloqueo de la renovación de los altos tribunales tiene un hondo calado político. El curso judicial arranca, una vez más, con la justicia convertida en campo de batalla política, siendo el mayor exponente un Consejo General del Poder Judicial que tiene caducado su mandato desde diciembre de 2018. Mientras, en otros órganos constitucionales como son el Tribunal Constitucional, el Supremo, el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional y el Defensor del Pueblo, se acumulan asuntos de alta intensidad, cuya resolución marcarán la vida política y social del país.

La cuestión va más allá de la política y se proyecta en el campo de la ética. En un estado de derecho no es buena práctica pedagógica el que los partidos llamados "de estado", que se han venido turnando en el poder, o que aspiran a tenerlo, incumplan, sin rubor alguno y solo porque les conviene, una previsión constitucional, manteniéndose en un incumplimiento de la legalidad. Semejante comportamiento da alas a los populismos, para presentar fáciles soluciones que luego no se pueden cumplir, pero que calan en la ciudanía. Este deterioro institucional ha de ser motivo de preocupación.

Dado que la actual ley sí lo permite, parece que la única salida sea la renuncia a sus cargos del Presidente del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes y de los 20 vocales que le acompañan en el CGPJ, que ya cumplieron su mandato y que, por tanto, están en funciones. Aunque la propuesta parezca excepcional no es nada anormal, ya ocurrió algo parecido en 1996, cuando con la renuncia de seis vocales del Gobierno de los jueces, siendo Pascual Sala presidente del Supremo y del CGPJ, se forzó el pacto para la renovación. A falta de otras soluciones, esta medida facilitaría la renovación del órgano de gobierno de los jueces, clave en toda democracia que se precie.

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