Más de 500 hosteleros salmantinos se acogen a ayudas de mantenimiento de empleo de la Junta

Más de 500 hosteleros de la provincia de Salamanca se han acogido a las ayudas en la línea de mantenimiento de empleo de la Consejería de Empleo e Industria, junto a 850 beneficiarios de esta misma línea pero procedentes de otros sectores.

Así lo ha reseñado el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, durante su visita a empresas de Salamanca para analizar los planes de formación y empleo puestos en marcha, donde ha repasado ante los medios las ayudas concedidas en la provincia de Salamanca en la línea de mantenimiento de empleo, con alrededor de 100 ayudas también en el ámbito de la adquisición de equipos de protección y de 250 solicitudes concedidas en tarifa plana para autónomos.

En esta visita, que ha comenzado por las instalaciones de Ecotisa para luego acercarse a las de Grupo Andrés, David Martín ha dicho de estas empresas que son "ejemplo de dinamismo del tejido empresarial de Castilla y León y de su apuesta continuada por la digitalización, por la modernización y por el crecimiento empresarial"

Tras repasar la actividad de estas dos empresas, con 236 y 226 trabajadores, respectivamente, y con "un esfuerzo de adaptación durante la pandemia" que les ha llevado a ampliar su ofertar de productos y reforzar su canal de venta online, ha analizado la actividad en el conjunto de la provincia de Salamanca.

Sobre ella, el viceconsejero ha hecho hincapié en que en los últimos tres meses se ha reducido la lista de desempleados en 1.800 personas y, en el último año, ha crecido la afiliación a la Seguridad Social en 3.627 personas, de ellas 1.500 se han incorporado desde enero.

A continuación, después de repasar las ayudas en la provincia de la Consejería de Empleo e Industria, David Martín ha dicho de ellas que "contrastan" con las estatales, a las que ha pedido "más flexibilidad".

A este respecto, ha apuntado que el Gobierno las ha puesto en marcha para 95 sectores y que la Junta ha aumentado a otros 89 sectores dentro del "corto margen de actuación" que permite desde la norma intervenir a la administración autonómica.

De nuevo sobre la iniciativa nacional, ha insistido en que deberían de ser "más solidarias" con autónomos y pymes, y ha lamentado que estén "encorsetadas", por ejemplo al pedir que las entidades beneficiarias tengan que contabilizar un 30 por ciento de caída de la facturación de enero de 2019 a enero de 2020, cuando, según sus palabras, "lo lógico" sería que contemplasen el plazo de marzo a marzo.

Asimismo, ha criticado que estén "penalizando a los que han hecho los deberes", pues para adherirse a ellas han de contemplar solo facturas "impagadas" y no entran en ellas "aquellos que han hecho los deberes".