La Cañada Real: un problema de derechos humanos

Águeda Palacios Pozo

Defensora de los derechos humanos

Cuando escribo esto, en plena ola de frío en España, se está viviendo una crisis de derechos humanos que nos coloca a niveles de países tercermundistas. La Cañada Real, situada entre el municipio de Coslada, se extiende hasta los límites de Madrid y Getafe, y se trata de una zona de construcciones ilegales, desde chalés hasta chabolas.

En su mayoría es un barrio de inmigrantes (muchos sin documentos) y personas en extrema pobreza que sufren las consecuencias del olvido político y la inacción de las instituciones ante una injusticia tan grande como es el corte de suministro de luz; y sin luz en los tiempos que corren es impensable vivir en cualquier lugar de España. Son ya meses en los que constantemente, además de condiciones pésimas, sufren intoxicaciones por humo, hipotermia, inaccesibilidad a sus casas y un largo etcétera a la vista de todos. Como si fueran ciudadanos de segunda.

Este singular barrio se encuentra en una zona no urbanizable entre tres municipios distintos y la indiferencia de todos ellos. Los vecinos no pueden adquirir la legalidad de sus viviendas, aunque la mayoría tampoco cumple con los requisitos de habitabilidad, y la falta de infraestructuras y la poca intención de que las haya y arreglar su situación por parte de los dirigentes hace que se encuentren en constante exclusión residencial. Viven de las aportaciones que reciben de entidades sociales, centros religiosos y ayuda vecinal, sin que exista ninguna inversión pública y menos privada en la zona.

La alta tasa de desempleo y la dificultad al acceso al empleo en esa zona genera los bajos recursos económicos de los que disponen, y que influyen por tanto en familias enteras y en los niños y adolescentes que ahí viven, los cuales casi no están escolarizados, o su acceso a la escuela se encuentra muy limitado (ya que allí no existen escuelas), y que les lleva a tener un bajo nivel educativo y formativo que continuará con la cadena de desempleo y pobreza en la que nacieron.

La justificación de las autoridades para continuar con el corte del suministro y no ponerle fin a esta situación es culpar a las plantaciones ilegales de marihuana, dando por hecho que todas las personas del asentamiento realizan esta práctica y que por tanto son delincuentes. Hay que aclarar que esta práctica existe, pero se trata sólo de 1km de los 14,2 km que componen la barriada, lo que resulta más insultante para el resto de personas a las que meten en el mismo saco.

Ya no es sólo el hecho de que el estigma de inmigrante/pobre se iguale con el de delincuente y que los propios gobiernos lo piensen y digan abiertamente, sino que por ello estén pagando personas inocentes, entre ellos miles de niños, unas consecuencias inhumanas.

El problema actual de los cortes en los suministros sólo pone en evidencia aun más las pésimas condiciones en las que antes vivían, que incluso han ido a peor, y si antes necesitaban ayuda por parte de las autoridades, ahora su supervivencia depende realmente de estas, que ya no pueden ignorarlos como si nada.

La luz y el agua no deberían ser un lujo para aquellos que puedan pagarla, sino un derecho para la vida plena de las personas. Un derecho fundamental en nuestras latitudes. Por lo tanto, la desatención pública durante tantos años, ha generado un grave problema social, un drama humano consecuencia del desprecio a los Derechos Humanos de muchas de las administraciones y autoridades responsables.