Malestar de agricultores y ganaderos por los plazos de validez de las ITV 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Salamanca se ha dirigido a la Junta de Castilla y León para "trasladar su malestar" a la hora de aplicar "de forma partidaria" por parte de las Inspecciones Técnicas de Vehículos la normativa de inspección técnica y el Auto de suspensión de la Orden SND/413/2020.

Tal y como señalan desde UPA, "tras la denuncia en nuestras oficinas por parte de numerosos agricultores y ganaderos de lo que entendían un abuso a la hora de establecer los plazos de validez del certificado de Inspección Técnica Periódica una vez que el vehículo ha pasado está en los centros de Itevelesa, desde UPA hemos podido comprobar que no se aplica la extensión correspondiente del año o seis meses en función del tipo de vehículo".

La normativa de aplicación establece, añaden, "la validez anual o semestral del certificado de ITV una vez que el vehículo en cuestión haya pasado la misma sin ninguna incidencia o que esta sea leve y ello debe de ser independiente de lo que se establecía en el Real Decreto 463/2020 que establecía medidas exclusivas para los vehículos que debían de pasar la inspección técnica en el periodo de de Estado de Alarma y no pudieron puesto que esta actividad no estaba calificada como esencial y hubo de suspenderse su apertura". "Fue para solucionar el problema que se presentaba para estos casos para lo que se dictaron sendas Órdenes Ministeriales, que establecían medidas especiales y prórrogas de validez de los certificados de ITV para los vehículos que se encontraran en esta situación, entre las que se encuentra la Orden SND/413/2020 que ha visto como uno de sus apartados ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo".

Por lo tanto, cualquier vehículo que no se encuentre afectado por la situación anterior y que vaya a pasar la preceptiva ITV en estos días de normalidad en las estaciones de Inspección Técnica "deberá de recibir, caso de que no existan incidencias técnicas en el vehículo que lo impidan, un certificado de validez por el plazo de un año o seis meses".

UPA ha pedido a la Junta de Castilla y León que requiera a Itevelesa "para que desistan de esta práctica y se ponga de forma directa con los afectados para hacerles llegar el certificado de validez con el plazo correcto".