La Inquisición

La unidad política que establecieron Isabel y Fernando demandaba la unidad religiosa como medio de cohesión social y, por supuesto, de control. En este contexto de formación de una monarquía autoritaria hay que entender la implantación del Tribunal del Santo Oficio[1].

Desde las persecuciones de los judíos a raíz de la peste negra de 1348, acusados de corromper el aire y de emponzoñar el agua, se sucedieron reiteradas agresiones contra los "deicidas" y asaltos a sus aljamas, especialmente al llegar las semanas santas. Es de destacar por su violencia el ataque a las juderías de 1391 con su rosario de muertes y el "tsunami" de horrores que anegó la Península. Antes de darse al hierro y al fuego, les ofrecían como alternativa su conversión al cristianismo. En la memoria de todos estaban las prédicas y los milagros de San Vicente Ferrer. Sin embargo los "cristianos viejos" recelaban de la sinceridad de estas conversiones y acusaban a los conversos[2] de mantener sus creencias en secreto, de confundir rezos con blasfemias, es decir, de judaizar.

Los conversos, por su parte, se sentían inseguros y se ayudaban unos a otros, provocando aún más recelos y aborrecimientos entre los cristianos que se veían solos e impotentes ante un bloque unido que escalaba cúpulas y ocupaba cargos. Durante el siglo XV el odio a los conversos fue creciendo; en Castilla los llamaban "marranos" y en Aragón "ratas del faraón". Cada vez se alzaban más voces y más altas pidiéndoles a los Reyes Católicos que tomasen medidas drásticas contra los ultrajadores judaizantes.

En 1478 Isabel y Fernando consiguieron del papa Sixto IV el establecimiento de la Santa Inquisición en sus reinos, y la facultad de nombrar los inquisidores que debían rendir cuentas a los monarcas. El Primer Inquisidor General fue el dominico fray Tomás de Torquemada, que estuvo al frente del Consejo de la Suprema y General Inquisición, del que dependían los tribunales de la Inquisición o Santo Oficio de cada reino. En Aragón pervivía el Santo Tribunal desde el siglo XIII, creado para erradicar la herejía albigense[3], pero ya no había cátaros y aunque se mantenía un inquisidor nombrado por el Papa de turno, en la práctica era inoperante y el cargo honorífico.

El modo de actuar del Tribunal del Santo Oficio era insidioso. Al llegar a una ciudad daban un "Edicto de Fe" donde señalaban las conductas contrarias a la fe cristiana que tenían que denunciarse, por ejemplo; no trabajar los sábados o no comer cerdo, y recalcaban la obligación que todo buen cristiano, centinela del dogma, tenía con Dios y con la Inquisición de denunciar estas costumbres judías, garantizándoles el anonimato. Tras la delación se producía el arresto y llevaban al supuesto judaizante, hereje o brujo a la Casa de la Inquisición. Allí le ponían delante papel y pluma y le decían que escribiese bajo juramento los motivos por los que él creía que estaba detenido. Si se denunciaba a sí mismo y ponía algún cargo, lo condenaban porque se reconocía culpable, mas si lo dejaba en blanco porque era inocente, y con la tortura aceptaba haber cometido cualquier delito -todos lo hacían para detener el tormento-, lo condenaban por criminal, perjuro y hereje. Una vez dictada sentencia "relajaban[4]" a los presos y los entregaban a las autoridades civiles que eran quienes los ejecutaban porque la Inquisición no mató a nadie. Si confesaba y mostraba público arrepentimiento, lo "reconciliaban" con la Iglesia aplicándole penas menores como la confiscación de sus bienes, sambenitos y el baldón para él y sus herederos por los siglos de los siglos.

La primera actuación de los inquisidores fue en la ciudad de Sevilla en 1480. En aquel huracán de espantos y crueldades, hubo miles de penitenciados y cientos de condenas al quemadero. Incluso llegaron a desenterrar a algunos muertos para quemarlos en la hoguera. Los excesos y estragos de la violencia empleada llegaron a oídos del Papa que quiso anular la bula que permitió crear la Inquisición, pero los Reyes Católicos se opusieron; no estaban dispuestos a perder tan importantísima institución de control. Al contrario, lo extendieron a los reinos de la corona de Aragón donde fue preciso imponerla a la fuerza por el rechazo de la población, como en Zaragoza donde asesinaron al inquisidor Pedro de Arbués. El vigilante Tribunal del Santo Oficio con el tiempo se convirtió en un organismo de represión al servicio de la monarquía, que fue sembrando España de jaculatorias, autos de fe[5] y cadalsos, aunque tuvo tintes democráticos; procesaba por igual a nobles, a eclesiásticos o a los pecheros del pueblo llano.