¿Es la pena de muerte algo del pasado?

Sonia Castilla

Activista por los derechos humanos

El Informe Global sobre Condenas y Ejecuciones en 2018 de Amnistía Internacional es una evidencia más de la importancia de la pena de muerte en la actualidad. En él se reflejan los datos sobre ellas en los diversos países. Por un lado, el informe revela cierta evolución en cuanto a que las cifras de ejecuciones y condenas conocidas se han visto reducidas en un 30% respecto a los años anteriores; pero por otro, muestra que la información que los propios países aportan sobre estas cifras es menor. Es complicado, por tanto, distinguir si la tendencia a la baja de estas prácticas tiene que ver con la reducción de parte de los países que recurren a ella, o si, en cambio, se debe a su no-información (es decir, a que se oculten las cifras).Es probable que estos datos no nos resulten sorprendentes a ninguno de nosotros, ya que resulta obvio que es una opción bastante cómoda para los gobiernos. Se trata de recurrir a prácticas más bien poco limpias, para no "ensuciarse demasiado".

El número de condenas a muerte, por su parte, también se ha visto reducido en cifras globales en los últimos años. El Informe aporta datos sobre ello, a pesar de las dificultades para acceder a este tipo de información en países como Arabia Saudí, Corea del Norte, Egipto o Irán. En el año 2018, la organización tuvo constancia de que, al menos, 19.336 personas habían sido condenadas a muerte en el mundo.

Si hablamos de la pena de muerte desde una perspectiva regional, dentro del continente americano destacan las cifras en Estados Unidos, que cuenta con 25 ejecuciones registradas, 45 condenas a muerte y 2.654 personas con condenas a pena de muerte, todo ello en 2018. Esto supone un aumento de las cifras de ejecuciones y condenas a muerte desde 2016 (en torno a 20 y 30, respectivamente). Dentro del continente americano también destacan Trinidad y Tobago y Guyana como los países en los que hay más personas en espera de ejecución al finalizar el año 2018.

Por otra parte, en Asia y Oceanía destacan las cifras de Pakistán, Bangladesh y Malasia, con aproximadamente 200 condenas a muerte registradas en un año y con más de 1.000 personas condenas a pena de muerte. Pakistán cuenta con al menos 14 ejecuciones registradas, unidas a más de 250 condenas a muerte y un total de más de 4.800 personas condenadas a muerte. Cabe resaltar que no hay información sobre los datos de China o Corea del Norte.

En cuanto al caso de Europa y Asia Central, Bielorrusia llevó a cabo al menos cuatro ejecuciones, dos condenas a muerte y dos personas condenadas a pena de muerte al finalizar el año; y en Oriente Medio y Norte de África resultan especialmente relevantes los datos de condenas de muerte registradas en 2018 de Egipto, 717, y los datos de ejecuciones, condenas de muerte registradas en el año y de personas que en ese periodo estaban condenadas de Irak (52, 271 y 285, respectivamente).

Finalmente, en la región del África subsahariana destacan sobre todo las personas con condenas a muerte a finales de 2018, y las cifras relativas a ejecuciones y condenas de muerte de ese año concreto son relativamente bajas. Destaca especialmente el caso de Nigeria, con más de 2000 personas condenadas, 46 de ellas en 2018. Sobre los datos de las ejecuciones llevadas a cabo, únicamente existen registros en Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Botsuana.

En cualquier caso, a pesar de que la responsabilidad de cometer este tipo de atrocidades pertenezca a los Estados y sean estos las que tienen que tomar cartas en el asunto, la defensa de los derechos humanos y de la vida, en este caso, es algo que nos afecta a todos los individuos por igual, y nosotros mismos debemos exigir y luchar por su garantía. Ninguna vida puede ponerse en manos de un tribunal por haber cometido cualquier tipo de delito.