IU propone que el Ayuntamiento incorpore intérpretes de la lengua de signos para actos públicos

El próximo pleno del Ayuntamiento de Salamanca contará con dos mociones por parte de Izquierda Unida Salamanca, la primera propone que el Consistorio incorpore intérpretes de la lengua de signos para actos de carácter público como conferencias, lectura de manifiestos, plenos ordinarios así como subtítulos en aquellas producciones audiovisuales propias.

"En la actualidad, en Castilla y León hay 12.000 personas con discapacidad auditiva. Estamos hablando de un colectivo que precisa mucho más apoyo. Las necesidades especiales del mismo hacen necesaria una línea de trabajo específica que garantice la contratación de intérpretes de lengua de signos para todos los actos públicos y actividades y que se garanticen subtítulos en aquellas producciones audiovisuales propias, así como aquellos instrumentos que sean necesarios", explica la edil de IU, Virginia Carrera

"Las personas afectadas por una discapacidad auditiva constituyen un colectivo muy amplio, cuya diversidad funcional puede venir determinada, entre otras cosas, por la edad de aparición de la sordera, el grado de pérdida de audición, el sistema de educación, el tratamiento y la imagen social recibidos, si se es usuario de la lengua de signos española (LSE), si se proviene de padres sordos u oyentes, la interrelación con el entorno", añade.

La segunda moción propone que el pleno de la corporación declare la Emergencia Feminista. Carrera argumenta que "el Estado de Emergencia se decreta en casos de perturbación de la paz de un Estado, como consecuencia de graves circunstancias que afectan o impiden la vida normal de una comunidad. Este año han asesinado a más de 76 mujeres y 4 menores en el marco de la violencia patriarcal".

En palabras de la concejal de IU, "el pasado 20 de septiembre salimos a la calle muchas mujeres y hombres para decretar el Estado de Emergencia, ahora el siguiente paso es que las instituciones también declaren la Emergencia Feminista. Además el ayuntamiento tiene que pedir que se exija al Gobierno central el cumplimiento del Pacto de Estado Contra la Violencia".