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CSD propone diez medidas para erradicar la corrupción y potenciar la transparencia
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CSD propone diez medidas para erradicar la corrupción y potenciar la transparencia

LOCAL
Actualizado 04/04/2019
Redacción

Antonio Jiménez, candidato a la Alcaldía de Salamanca por Contigo Somos Democracia, sostiene que "la corrupción nos cuesta a cada español, y por tanto a cada salmantino, 2.000 euros por persona y año"

Antonio Jiménez Rodríguez, candidato a la Alcaldía de Salamanca por CSD (Contigo Somos Democracia), sostiene que "la corrupción nos cuesta a cada español, y por tanto a cada salmantino, 2.000 euros por persona y año". Por ello y para erradicarla proponen 10 medidas:

1ª. Control férreo del cumplimiento de la ley de contratos del sector público que garantiza la transparencia y una mayor facilidad de acceso a la contratación pública para las pymes.

2ª. Todos los actos de las administraciones públicas que supongan la generación de un gasto que implique pagos a terceros., deberían estar explicitados de forma clara y comprensiva para todos los españoles en la red, en internet.

3ª. Se debe promover la aprobación de una Ley de Protección a Testigos y Personas Denunciantes de Actos de Corrupción

4ª. Creación de juzgados especializados en la investigación de causas de corrupción.

5ª.Total despolitización del Tribunal de Cuentas y Consejos de Cuentas de las CC.AA

6ª. Reducir a la mínima expresión la posibilidad de que empresas de auditoría privadas auditen cuentas de entidades y organismos del sector público. 7ª Prohibición legal de la condonación implícita o explícita de deudas a los partidos políticos por parte de las entidades de crédito y financieras.

8ª. Reducción sustancial del personal eventual al servicio de las administraciones públicas(Es decir, del nombrado a dedo).

9ª. Se debe educar desde primaria hasta la universidad en valores éticos sobre convivencia y bien común que cree una cultura ciudadana anticorrupción.

10º. Se deberían articular mecanismos de valoración por parte de los ciudadanos de la gestión realizada por los responsables políticos en sus cargos, en especial en la materia de gestión urbanística.

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