El PSOE acusa a Carbayo de poner en riesgo la estabilidad económica del Ayuntamiento tras la...
José Luis Mateos considera que la empresa adjudicataria del servicio durante 12 años podría reclamar al Consistorio casi 100 millones de euros
La concesionaria del servicio de transporte urbano de Salamanca, podría reclamar al Ayuntamiento casi 100 millones de euros, al quedar pendientes de contrato más de siete años, tras no aceptar el Supremo el recurso presentado por la empresa contra la sentencia anterior del TSJCyL. Así lo ha indicado el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Mateos, que ha acusado al PP de poner "en serio riesgo la estabilidad económica del Ayuntamiento" con sus decisiones.
El concejal socialista considera que la decisión de la Justicia"es la crónica de una muerte anunciada" por tratarse de unos pliegos de condiciones "teledirigidos para una empresa concreta". El portavoz ha pedido al actual alcalde "por herencia", Carlos García Carbayo, que asuma responsabilidades "por su negligente gestión, que puede ocasionar unas pérdidas sin precedentes para la ciudad". Para Mateos, Carbayo "es el principal responsable de lo que ha ocurrido" por ser el anterior responsable de contratación en el Ayuntamiento. Asimismo, el PSOE, explicó Mateos, planteará que se realicen informes y analizar la viabilidad para que este servicio vuelva a ser de gestión municipal.
El PSOE votó en contra en el pleno de noviembre de 2013
El contrato del servicio de autobuses fue adjudicado a la empresa Ruiz en abril de 2014, con una duración de 12 años y un montante anual que el Grupo Socialista en el Ayuntamiento estima en unos 12 millones de euros anuales. El concejal socialista, Arturo Ferreras, ha recordado que el pliego de condiciones para esta adjudicación fue rechazado por el PSOE en el pleno de noviembre de 2013, por considerar que impedía la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades, al limitarse a empresas con más de 20 autobuses propulsados por gas y que ofrecieran ese servicio en ciudades de más de 100.000 habitantes. La empresa Globalia acudió a los tribunales que ahora han declarado nulo el procedimiento de adjudicación "con los mismos argumentos que siempre mantuvo el PSOE durante el proceso de concesión de ese contrato".