La manipulación política de la justicia

Como saben todos ustedes, a los políticos se les llena la boca defendiendo la independencia de la justicia, es decir, de los jueces y tribunales. No son tan estúpidos para cuestionarla, pues eso les cuestionaría a ellos mismos, porque sin independencia de la justicia, la democracia se empobrece si no desaparece. Pero una cosa son las palabras y otras los hechos. "Por sus obras los conoceréis", que dijo la Biblia, y aquí es lo contrario. El ejemplo más escandaloso lo hemos tenido esta misma semana con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, acordada del más escandaloso posible entre PSOE y PP.

Para empezar, conviene dejar claro el sentido de este órgano de gobierno de los jueces. El Consejo del Poder Judicial no es el poder judicial, que reside exclusivamente en el conjunto de los jueces y tribunales de España, y cuya mayor garantía es la inamovilidad de los jueces, es decir, que no puedan ser desplazados de los asuntos que tienen entre manos por motivos espurios de cualquier tipo, entre ellos los políticos o económicos. Pero las cosas son más complejas.

¿Hay independencia judicial en España? Sin duda, sí, en los niveles inferiores de la justicia, más cuestionable es lo que ocurre en los niveles superiores. Me explico. Los cargos más importantes, ya sea el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia en las comunidades autónomas, están en manos del Consejo del Poder Judicial, que decide qué magistrados van a ocupar los puestos más importantes. Y los miembros de este Consejo, en contra de lo previsto inicialmente por la Constitución, no los eligen ahora los jueces sino los políticos, tras la reforma que se realizó en época de Felipe González y que el PP nunca cambió cuando pudo, contradiciendo sus críticas anteriores. Por lo tanto, el órgano de gobierno de los jueces en modo alguno es independiente sino todo lo contrario.

Pues esta semana, el escándalo en esta cuestión ha sido de aurora boreal. Nos enteramos de que ha habido un pacto PSOE-PP para repartirse la renovación del Consejo, anunciando al mismo tiempo que el nuevo presidente de ese Consejo y a la vez presidente del Tribunal Supremo va a ser el magistrado Manuel Marchena, que teóricamente debería ser elegido por los vocales del Consejo. Es decir, que los amos del órgano de gobierno de los jueces, ya ni se cortan un pelo y anuncian a bombo y platillo quién va a ser el nuevo presidente del Supremo, cuando esta es función que una vez nombrados todos los integrantes del Consejo les correspondería a estos. Bueno, ya lo sabíamos, no seamos hipócritas: los grandes partidos se reparten la merienda y les imponen a quienes van a ser elegidos el nombre del presidente. ¿Esta es la libertad del Consejo?

De esta componenda solo se ha salvado Ciudadanos, que no ha querido mancharse las manos con este atentado a la independencia judicial. Podemos, que tanto ha alardeado de su deseo de cambiar la situación, también se beneficiará de la cuota correspondiente a los 11 vocales que se lleva la izquierda. El PP regala la mayoría del Consejo a cambio de que el conservador Marchena ?excelente jurista, por otra parte, pero aquí hablamos de otra cosa- sea el nuevo presidente del Tribunal Supremo. Aquí hay gato encerrado porque en los próximos meses habrá nombramientos de altos cargos judiciales y la izquierda podrá inclinar la balanza a su lado. ¿Tan importante es la presidencia del Supremo para el PP, por muy hábil que sea Marchena, para dejar en manos de la izquierda los cargos judiciales más relevantes? Algo pasa aquí, pero seguro que nada bueno para la independencia judicial.

Marta FERREIRA