El máster de la discordia

Al igual que le ocurrió hace unos meses a su compañera madrileña Cristina Cifuentes, ahora al nuevo presidente del PP, Pablo Casado, se le está añusgando el máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos.

De hecho, la situación parece repetirse respecto a la de Cifuentes. Misma universidad, mismo director del máster, y mismas sospechas de haber podido obtener el máster de manera fraudulenta.

Curiosamente, Casado ha optado por la misma estrategia de defensa que empleó en su día Cristina Cifuentes, presentándose como la víctima de una conspiración que se habría montado contra él. No obstante, la justicia ha estimado que hay indicios de sospecha suficientes como para llevar la causa al Tribunal Supremo.

En todo caso, habrá que ver qué resolución acaban dictando los tribunales, y si estiman probado que Casado no cursó ese máster o si, por el contrario, acaban resolviendo que todo se ajustó a la legalidad.

Personalmente, que alguien haya podido obtener el título de un máster sin haberlo cursado me parece poco menos que un insulto hacia todos aquellos a los que nos tocó trabajar para sacar adelante un máster y obtenerlo conforme a las exigencias académicas y legales establecidas.

Por otro lado, llama la atención y acrecienta las sospechas de posible fraude que los supuestos compañeros de máster hayan declarado no haber visto por clase ni a Cifuentes en su día, ni a Casado ahora, dado que en teoría se exigía ya una cuota de asistencia a las clases magistrales (poniendo como ejemplo las normas del máster que yo hice en la USAL, para poder aprobar una asignatura teníamos que cumplir el requisito de haber asistido al menos al 90% de las clases de la misma, condición sin la cual no se permitía presentarse al examen final de la asignatura).

Por todo ello, de haberse dado irregularidades notorias y evidentes como la no asistencia a clase o, como ocurrió en el caso de Cifuentes, no haber ni tan siquiera escrito el trabajo fin de máster, los hechos no deberían ni minimizarse ni pasarse por alto, pues no sólo supone otorgar mediante un título los mismos méritos a quien no ha llevado a cabo una labor con quien sí la ha hecho, sino que también conlleva un desprestigio enorme para el sistema universitario español.

Y, ciertamente, el PP que ahora dirige Casado, en vez de alegar simplemente que se respete la presunción de inocencia hasta que se dicte resolución judicial, ha optado por ir más allá y escudarse en este caso nuevamente en el afamado "esto no es una trama del PP, sino una trama contra el Partido Popular", que esgrimió Rajoy ante el caso Gürtel.

Sin embargo, los indicios parecen apuntar que varias personas podrían haber obtenido de manera fraudulenta títulos universitarios sin haberlos cursado, por el simple hecho de pertenecer a un partido político determinado, en este caso el PP, y son estos hechos los que deben aclarar los tribunales.

Habrá que esperar, no obstante, qué acaba dictaminando la justicia, cuya sentencia determinará si unos se apresuraron demasiado en pedir la cabeza de alguien, o si otros 'mearon fuera del tiesto' al presentarse como víctimas de una conspiración que no habría existido.

La justicia hablará y pondrá a cada uno en su lugar, veremos si, una vez que se dicte sentencia, alguien asume algún tipo de responsabilidad o si, como suele ser tradición en este país, se mira hacia otro lado como si nada hubiera pasado. Alea jacta est.