Cecale advierte de la fuga de más de 300 empresas de Castilla y León desde 2016

Desde 2016, alrededor de 320 empresas han trasladado su sede social desde Castilla y León a otras comunidades, fundamentalmente Madrid. Así lo aseguró ayer el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, en una comparecencia previa a la celebración en Burgos de la primera Junta Directiva de su nueva etapa al frente de la patronal regional.

Según los datos con los que cuenta Cecale, en 2016 fueron 216 las empresas que trasladaron su sede social, una cifra que no hizo sino incrementarse en 2017 con unos 240 traslados y que continúa profundizándose este año. De hecho, los datos del primer trimestre de 2018 son del todo menos halagüeños, toda vez que en esos tres primeros meses, fueron un total de 80 las empresas que trasladaron su sede.

A juicio de Aparicio, esta situación supone el claro reflejo de que algo no funciona. Y las causas, según Cecale, son muy claras, ya que la presión fiscal en Castilla y León es "superior" a la de otras comunidades autónomas. En este sentido, desde la patronal se insiste en que el mantenimeitno de tributos como el impuesto patrimonial, el de actos jurídicos y el de transmisiones patrimoniales supone una "merma a la capacidad inversora y competitiva" de las empresas de la comunidad, que ven en otros territorios, como Madrid, el escenario idóneo para continuar su actividad y crecer.

Por eso, Aparicio ha reclamado a la Junta de Castilla y León la eliminación de dichos tributos al tiempo que ponía sobre la mesa otras reivindicaciones. Y es que, a la mayor presión fiscal que soportan los empresarios de la comunidad se le suman otros condicionates, como la "excesiva" vigilancia de las inspecciones, mayor que en otros territorios, o la creación de un impuesto fijo sobre carburantes equilibrado "hacia arriba".

Problemas comunes

La fuga de empresas "es un tema que nos preocupa mucho", sobre todo en un momento de incipiente recuperación como éste, ha señalado Aparicio. Una recuperación que, en todo caso, se está viendo lastrada en el conjunto del territorio nacional debido a varios desequilibrios estructurales que arrastra España desde hace décadas. Quizá, el más preocupante siga siendo el enorme peso de la economía sumergida dentro del Producto Interior Bruto (se calcula que en torno al 30%). "O se actúa contra la economía sumergida o el sistema no va a ser sostenible", ha advertido el presidente de Cecale al tiempo que clamaba contra la «excesiva burocracia».

Asimismo, los empresarios de Castilla y León siguen insistiendo en la necesidad de aplicar una «unidad de mercado» eficaz, puesto que las diferencias en las regulaciones entre comunidades autónomas suponen un desequilibrio competitivo.

Un desequilibrio que, por cierto, también se traslada a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Y es que, la patronal regional lamenta el escaso peso de los parlamentarios de Castilla y León dentro del Congreso y el Senado, que "año tras año" se pliegan a los intereses de los partidos nacionalistas para sacar adelante las cuentas, con todo lo que ello conlleva. "Necesitamos un cambio en la Ley Electoral", ha insistido Aparicio.

Parque Tecnológico

De todo esto y más se ha hablado en la Junta Directiva de la patronal regional celebrada en Burgos, una provincia que tiene, según ha reconocido Aparicio, sus problemas particulares. "Que no se tenga un parque tecnológico" en una provincia con un peso tan grande de la industria dentro del PIB "es inaudito".

"No tiene ni pies ni cabeza", ya que "Burgos puede sufrir una merma en su competitividad" si se retrasa su apertura mucho más. Una merma que también puede generarse si no se llevan a cabo otras infraestructuras, como el AVE al País Vasco, el Tren Directo o la A-11, ha subrayado.

Con todo, Cecale ha aprovechado su reunión en Burgos (la primera de una serie de encuentros que se llevarán a cabo en otras ciudades de la comunidad) para constituir el Consejo Estratégico Sectorial, una mesa de trabajo abierta a la participación de "todos los sectores productivos de la comunidad" para defender los intereses empresariales.