Descubren un fraude de más de 25 millones en el impago de IVA sobre bebidas alcohólicas

Los delitos que se imputan a los miembros de esta organización delictiva son contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores y falsedad documental.

Por parte de la Agencia Tributaria se presentó denuncia ante la Fiscalía de Castellón en septiembre de 2016, abriéndose diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, a las que se incorpora la Unidad Central Operativa (UCO), la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Valencia y la ONIF.

Inicialmente, la investigación se centró en la actividad real de un Depósito Fiscal ubicado en esa provincia, con el fin de corroborar la hipótesis planteada sobre la existencia de un presunto delito contra la Hacienda Pública, pero a lo largo de la misma se fue detectando un entramado societario que se extendía por varias provincias del territorio nacional, formado por más de 60 empresas. Este entramado de empresas, estaba perfectamente diseñado para enmascarar esta actividad delictiva, en la que cada sociedad desempeñaba diferentes roles.

La adquisición de la mercancía, bebidas alcohólicas, se realizab

a por un grupo de empresas denominadas "introductoras", las cuales direccionaban el producto al Depósito Fiscal. Seguidamente, las bebidas espirituosas eran transportadas hasta los centros de distribución, que poseían la capacidad de comercializarlas a precios muy por debajo de los de mercado. Este bajo precio se lograba porque la organización criminal eludía pagar el impuesto del IVA.

Aunque la mercancía era trasladada a los referidos centros de distribución, documentalmente la organización, la hacía pasar por distintas sociedades, entre las que se distinguían dos clases, por un lado, las "pantallas" que, intentan difuminar el seguimiento de la mercancía y alejar la acción fraudulenta de los criminales, y por otro lado las denominadas "truchas" o "missing traders", al frente de las cuales la organización situaba testaferros. Esta defraudación millonaria se perfeccionaba, ya que estas últimas eran las que la organización destinaba a no pagar el IVA, de tal modo que cuando la Administración les exigía esta compensación, nadie respondía a la misma, llegando a alcanzar un fraude que habría superado los 25 millones de euros en este concepto.

De este modo, la organización criminal se aseguraba la colocación de todas las bebidas que pudiera adquirir distribuyéndolas por las provincias afectadas y consiguiendo una monopolización del mercado. Además de las detenciones, la operación se ha saldado con el bloqueo de varios centenares de productos financieros, 47 inmuebles de distinta naturaleza y 59 vehículos. En la misma han participado unidades pertenecientes a las Comandancias de la Guardia Civil de las provincias afectadas, así como unidades caninas detectoras de papel moneda y drogas. Igualmente, han participado inspectores de dependencias regionales de inspección de la Agencia Tributaria y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).