El Pleno aprueba iniciar los trámites de expropiación en busca de restos de la Guerra Civil

Con un número de espectadores superior al habitual (hasta 8 personas llegó a haber), el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró en la jornada del viernes un Pleno Ordinario a un horario poco habitual, las 18.00 horas, debido a que a las 20.30 horas se iba a dar la bienvenida en el Teatro a los participantes en la Salamanca Challenge Trophy. Esto hacía que el Pleno tuviese 'hora límite', pero ni siquiera se estuvo cerca de la misma, transcurriendo la sesión muy 'rápido' (1h.23') teniendo en cuenta el orden del día que había, bastante denso.

En esta duración récord tuvo que ver que el turno de preguntas del PP fue bastante más corto de lo habitual -se alargó un poco porque Juan Tomás Muñoz dio unas explicaciones más detalladas sobre el servicio del DNI- y sobre todo que no se llegaron a debatir mociones. En este punto hay que explicar que no se había presentado ninguna en el plazo establecido, pero el PP intentó que se debatiese una en torno a la realización de una prueba de Selectividad única en toda España. Sin embargo, el Equipo de Gobierno rechazó sin ninguna explicación el que se incluyese por vía de urgencia en el Orden del Día, y por ende, se quedó sin debatir.

Expropiación en marcha

En el Pleno hubo 3 temas que suscitaron debate, siendo quizás el más llamativo la aprobación del inicio de los trámites para la expropiación forzosa de unos terrenos en Pedrotoro donde se cree que hay enterradas víctimas de la Guerra Civil. Como publicamos el pasado mes de marzo, el asunto data del año 2012, cuando se iniciaron unas excavaciones que quedaron interrumpidas al cortar el acceso los propietarios de los terrenos.

El año pasado, la Asociación Salamanca Memoria y Justicia volvió a poner sobre la mesa el asunto, iniciándose unas negociaciones entre el Ayuntamiento, la Asociación, el propietario y el arrendador de los terrenos para llegar a una solución. Según indicó en el Pleno el teniente de alcalde Domingo Benito, no se ha llegado a un acuerdo "pese a que el alcalde y yo hemos tenido muchas reuniones", siendo "la última salida" la expropiación que se pone ahora en marcha para "garantizar los derechos" de los ciudadanos, en este caso de los familiares de las víctimas que se están buscando.

Lo que se aprobó exactamente en el Pleno es la relación de bienes y derechos a ocupar. Esta aprobación es provisional, y ahora se notificará a las partes implicadas para que presenten alegaciones si así lo estiman, antes de proceder dado el caso a la aprobación definitiva. La aprobación provisional contó con los votos a favor de PSOE, IU y Ciudadanos, y la abstención del PP, quién considera que "todavía hay cabida para una solución amistosa y no para una expropiación forzosa".

Marcos Iglesias explicó que ellos han hablado con la propiedad de los terrenos, que les asegura que no se niegan a que se excave, pero reclama que se le pague el coste de unos supuestos daños cometidos en la excavación de 2012 por importe de 3.000?. Según Domingo Benito, en las reuniones que se han mantenido, la Asociación Salamanca Memoria y Justicia le pidió a la propiedad que le dijese cuáles eran esos daños para intentar compensarlos. Pero "la respuesta fue una carta diciendo que no van a dejar entrar en la parcela", y como "el Ayuntamiento no puede estar sine die sin ejercitar los derechos" se ha decidido pasar a la expropiación.

En el debate de este punto, Domingo Benito llamó la atención sobre el hecho de que el PP no ha apoyado a lo largo de la legislatura ninguna de las acciones del Equipo de Gobierno en aras de cumplir la Ley de Memoria Histórica, recordando el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Chanca que el PP a nivel nacional "ha derogado de facto" esta Ley, al no consignar ningún presupuesto. Desde el punto de vista socialista, se trata de "pura dignidad y justicia".

En marcha una revisión de oficio de las licencias

El PP también votó diferente al Equipo de Gobierno (en este caso lo rechazó) en torno a la incoación de expediente administrativo para la revisión de oficio solicitada por el dueño del polémico tanatorio-crematorio del Camino del Cementerio de las 3 resoluciones de Alcaldía por las cuales se han ido concediendo a lo largo del tiempo las licencias para la apertura de los tanatorios, velatorios y crematorios que funcionan en Ciudad Rodrigo.

Como publicamos el miércoles, estas instalaciones no están recogidas como tal en el Plan General de Ordenación Urbana, con lo cual su situación es irregular. Para el portavoz del PP, Marcos Iglesias, si se hubieran definido antes los usos funerarios en el Plan General de Ordenación Urbana, incluyendo al menos "en lo que estamos de acuerdo" (es decir, que velatorios y tanatorios se puedan instalar en cualquier sitio), "no habríamos llegado a esta situación", que podría conducir al cierre de todas las instalaciones de este tipo.

Para el PP, por mucho que haya pedido un vecino esta revisión de oficio, los miembros del Equipo de Gobierno "son soberanos para iniciarlo o no", considerando que en este caso la Ley "faculta para no iniciar este expediente" ya que ha transcurrido un largo período desde la concesión de las licencias de apertura de las instalaciones mencionadas.

Joaquín Pellicer señaló que el expediente se incoa dentro del objetivo de "dar voz a todos los vecinos". Para cerrar este debate, el alcalde Juan Tomás Muñoz apuntó que con esta aprobación no se estaba resolviendo todavía sobre las resoluciones en sí.

De nuevo a escena la legalización de asentamientos irregulares

El tercer tema que suscitó mayor debate fue un 'viejo conocido' del salón de plenos: una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para permitir la legalización de construcciones irregulares, mediante la creación de la figura de "suelo rústico de asentamiento irregular", tras una modificación previa de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. La legalización será efectiva si se acometen unidades de actuación, que no tendrán ningún coste para el Ayuntamiento.

Al igual que cuando ya se debatió en el salón de plenos en octubre, este punto fue apoyado por PSOE, Ciudadanos y PP, mientras que IU se abstuvo, mismo sentido del voto que ya expresaron cuando se llevó por primera vez el asunto al salón de plenos a finales de la anterior legislatura. Desde su punto de vista, el proyecto es "el mismo" que presentaba el PP, sin implantarse varios de los criterios que indicaba el informe emitido en su día por la Junta, aunque sí ha habido modificaciones, reduciéndose las áreas de regulación de las 39 inicialmente previstas a las 13 que incluye finalmente.

A la hora del debate en el salón de plenos, Marcos Iglesias criticó a Domingo Benito que en la época en que él fue concejal de Urbanismo "no impuso su solución" para este asunto, contestando Benito que en esa época "vi que no había acuerdo" por lo que no llevó el asunto más adelante, además de que se estaban redefiniendo las áreas de regulación. Para Benito, "hay un problema de disciplina urbanística, pero no se puede tratar a todo el mundo por igual".

El concejal de Urbanismo Joaquín Pellicer señaló que la introducción de esta figura en el Plan General de Ordenación Urbana es "el final de una problemática endémica, la de las construcciones irregulares que han invadido el suelo rústico", acabando con "la pasividad municipal de anteriores administraciones: es el PP el que ha dejado por inacción que proliferen las construcciones". A Marcos Iglesias le llamó la atención que se critique lo ocurrido en legislaturas pasadas pero que se haya escogido la solución planteada al final de la anterior.

En torno al Plan General de Ordenación Urbana, en la tarde del viernes también se aprobó de forma provisional una modificación para reclasificar los terrenos del sector 35, en Águeda, tras haberse solicitado que cambien de terreno urbanizable a rústico con protección agropecuaria-regadío ante la "falta de expectativa de desarrollo del sector".

Aprobada la Administración Electrónica

Esa segunda aprobación del PGOU salió adelante por unanimidad al igual que la nueva ordenanza diseñada al hilo de la implantación en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo de la Administración Electrónica. Según explicó Domingo Benito, un cambio legislativo en octubre obliga a todos los ayuntamientos a tener implantada la Administración Electrónica para los registros y notificaciones.

Desde su punto de vista, con la Administración Electrónica, "va a mejorar el funcionamiento interno del Ayuntamiento y la relación con los ciudadanos". El portavoz del PP pidió que, en el marco de la ley, "se permita cierta flexibilidad", recordando que en unos cuantos lugares de Ciudad Rodrigo no funciona bien Internet, contestando Domingo Benito que "el Ayuntamiento debe ser permeable y flexible, pero la ley sólo tiene una interpretación".