La justicia también desestima el recurso de casación del Ayuntamiento sobre el...

El enrevesado caso en torno al velatorio-crematorio levantado en el Camino del Cementerio de Ciudad Rodrigo ha sumado en los últimos días un nuevo capítulo, con el cual parece que se pone fin al primer recorrido judicial de esta instalación (aunque es muy posible que vuelva a los Juzgados de otras formas).

Concretamente, lo que ha ocurrido ahora es que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) ha desestimado el recurso de casación presentado hace unos meses por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ?quién ha sido condenado a pagar las costas- contra una sentencia de ese mismo Tribunal.

Lo que hacía la sentencia de principios de primavera era rechazar el recurso del propio Consistorio contra la primera sentencia de todo el proceso, la del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca, quién en 2016 anuló la resolución del Ayuntamiento que concedía las licencias urbanística y ambiental de construcción del mencionado velatorio-crematorio.

Esta primera sentencia respondía a la reclamación judicial realizada contra la concesión de las licencias por otra empresa del sector funerario y por la denominada Plataforma contra el Crematorio, quienes defendían que según el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Rodrigo y la ley mortuaria no se podía instalar un velatorio-crematorio en un lugar residencial, mientras que el Ayuntamiento consideraba lo contrario, de ahí que concediese las licencias.

Desde IU felicitan a los vecinos

Como decíamos, con el rechazo del recurso de casación se pone fin a la vía judicial, tal y como comentaron en la tarde del miércoles en una rueda de prensa dos de los integrantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Domingo Benito y Manuel Choya, quienes recordaron que ellos se opusieron a que el Ayuntamiento presentase recurso de casación, algo que también hizo la empresa afectada, en este caso ante el Tribunal Supremo, que ni siquiera lo admitió.

Los concejales de IU también evocaron que cuando comenzó la lucha contra el velatorio-crematorio en la anterior legislatura, ellos estuvieron del lado de los vecinos, manifestándose incluso con ellos, por lo que ahora quieren "felicitarles" porque la justicia les ha dado definitivamente la razón en su lucha, no pudiendo funcionar la instalación ni siquiera como velatorio (según la justicia no puede haber ningún tipo de actividad funeraria).

Al haber concluido el camino judicial, en IU entienden que se hace efectivo de forma definitiva lo que marcaba la primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, es decir, la anulación de las licencias concedidas, por lo que ya han transmitido al alcalde Juan Tomás Muñoz que debe proceder a esa anulación, y "sin licencia no puede haber actividad".

Eso sí, hay que apuntar que esa anulación puede ser recurrida por la empresa, de ahí que existan altas probabilidades de que el caso del velatorio-crematorio vuelva a los tribunales de justicia para iniciar otros caminos, con lo cual el proceso se podría dilatar varios años más entre sentencias y recursos hasta que el caso se termine de resolver.

Según remarca Domingo Benito, hay "cantidad de escenarios", aunque el que se puede dar por seguro es que la empresa propietaria del velatorio-crematorio va a reclamar daños y perjuicios (por la vía judicial) por el cese obligado de la actividad, ya que ellos decidieron llevar a cabo su negocio con todas las licencias oportunas, que ahora han visto como han sido anuladas.

En busca de la "mejor solución"

Según avanzaron en la tarde del miércoles Domingo Benito y Manuel Choya, en los próximos días está previsto que el Ayuntamiento mantenga una reunión con la empresa propietaria de la instalación. El portavoz de IU en el Consistorio explicó que en el Equipo de Gobierno se han "conjurado para buscar la manera de que esta situación pueda hacer el menor daño posible" al Ayuntamiento: "ahora toca defender los intereses del Ayuntamiento en su conjunto frente a la calamitosa herencia que nos vuelve a dejar la gestión del PP".

Además de lo que puede ocurrir con esas reclamaciones a partir de ahora, desde Izquierda Unida consideran que "lo primero que se debe hacer es exigir a los responsables políticos de aquel momento [cuando se concedieron las licencias] que den la cara, y que por lo menos Javier Iglesias y Marcelino Cordero pidan disculpas a los vecinos de la zona", hacia quienes además hubo "cierto menosprecio".

Sobre el hecho de que la parte política concedió las licencias en base a los informes técnicos, Domingo Benito y Manuel Choya creen que "se podían haber buscado fórmulas", recordando que en su momento se habló por ejemplo de una permuta de terrenos para que el velatorio-crematorio fuese construido en un lugar 'legal'.