Desaparecidos del franquismo: cuarenta años sin justicia

Autor: David García, activista por los derechos humanos.

Te voy a pedir que hagas un pequeño ejercicio de imaginación. Cierra los ojos y piensa que eres Antonio Narváez, un niño de tres años que vive en la Marchena de 1936. Tus juegos diarios se ven interrumpidos por la entrada en el pueblo de las tropas golpistas, se llevan a tu padre, lo fusilan y lo arrojan a una fosa común en un punto cualquiera de la comarca. Pasa un mes, pero todavía no has podido asimilar lo ocurrido. Aún te preguntas a la hora de comer por qué no está papá en la mesa. Esa noche vuelven los miserables y se llevan a tu madre. Nunca volverás a verla, tú y tu hermano de cinco años os quedáis solos.

Toda tu vida estarás preguntándote por qué ellos, dónde están enterrados, si sufrieron o fue una muerte rápida, cómo era su voz y otras muchas preguntas sin respuesta. Ahora imagina que el dolor que te ha provocado este viaje imaginado es infinitamente mayor y podrás atisbar el que sintió el verdadero Antonio cuando los nacionales, a los que yo siempre he llamado golpistas, mataron a sus padres.

Esta es una historia real y es sólo un ejemplo de los más de 114.000 casos documentados de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Hoy, más de cuarenta años después de la muerte de Franco, sigue sin haber justicia y todo intento de reparar, en la medida de lo posible, el daño a los familiares y honrar a las victimas choca con la pasividad del Estado español. Cuarenta años de vergüenza nacional.

El Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa ha afeado la conducta del Gobierno español reclamándole que tome la iniciativa para garantizar la reparación de las víctimas y evitar que sean los propios familiares de los desaparecidos los que tengan que llevar a cabo los procesos de exhumación e identificación de los cuerpos enterrados en fosas comunes. Es necesario recordar que las identificaciones realizadas hasta la fecha se han producido gracias a la labor desinteresada de asociaciones para la defensa de las víctimas del franquismo y a iniciativas particulares, mientras que, según el Derecho Internacional, las tareas deberían ser llevadas a cabo íntegramente por el propio Estado, tal y como expone el informe del Comisionado.

También se ha pronunciado el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas que ha instado al Gobierno español a tomar medidas para poner fin a esta situación, entre las que se encuentran la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, que impide juzgar a los culpables de los crímenes perpetrados por el aparato de dictadura, y respetar la Ley de Memoria Histórica, sin fondos en los presupuestos estatales desde hace años.

La ONU, además de las anteriores recomendaciones, también ha hecho hincapié en la necesidad de que el Estado español coopere con la justicia argentina en la investigación de la querella presentada por víctimas de la dictadura. Ante esta querella, el Gobierno ha hecho oídos sordos y sigue sin colaborar con la justicia argentina alegando la prescripción de los delitos -lo cual es falso pues se trataría de crímenes de lesa humanidad- y remitiéndose a la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977.

Estos dos argumentos, ridículos desde el punto de vista jurídico y bochornosos desde una perspectiva moral, son la prueba de la existencia de un sector de la política española que parece querer enterrar el pasado bajo la cobarde excusa de evitar la reapertura de viejas heridas. Olvidan que esas heridas nunca se han cerrado y que sólo el bálsamo de la justicia podrá permitir a la sociedad española y, sobre todo, a las víctimas de la dictadura pasar página.