Ganemos recurre el convenio de la Diputación con la Berkeley para modificar el trazado de la...

El diputado de Ganemos Salamanca y portavoz de la agrupación ciudadana en la Diputación provincial, Gabriel de la Mora, ha presentado en nombre de su grupo un recurso al Presidente de la institución en el que solicita de oficio la nulidad del convenio por el cual se modifica el trazado de la carretera que discurre desde la localidad de Retortillo hacia el balneario a la empresa minera Berkeley, para favorecer la puesta en marcha del proyecto minero.

Según de la Mora, "los bienes de dominio público son inalienables" y "las enajenaciones de bienes cuyo valor exceda del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto deben ser acordadas con el voto favorable de la mayoría absoluta del número de miembros de la Corporación según la legislación vigente". El portavoz aseguró que a Ganemos no les consta la existencia de informe de valoración que permita evaluar si este recurso público se ajusta a ese marco legal y económico, por lo que esta cesión "se ha realizado de manera unilateral y es inválida jurídicamente", afirmó.

Ganemos Salamanca considera este acto "una aberración legal y ética, en lo que a competencias respecta". La cesión supone una alteración de la calificación jurídica del tramo de carretera, que pasa de dominio público a patrimonial, pues en otro caso no cabe la cesión a un particular. El convenio, cuya nulidad solicita la agrupación granate, contempla como contraprestación la recepción por parte de la Diputación de una carretera de nueva construcción sobre un terreno privado, a la que llaman "variante", que requerirá pasar a una nueva calificación como bien de dominio público. "Se producen, pues, dos alteraciones de calificación jurídica de bienes en un solo acto, lo que debería invalidar automáticamente el convenio", según Gabriel de la Mora.

También considera grave que la Diputación, con su Presidente al frente, "se haya saltado la búsqueda o protección del interés público". Gabriel de la Mora aseguró que "en las alteraciones de la calificación jurídica de los bienes ha de acreditarse la oportunidad y la legalidad. Se debe mirar siempre por la satisfacción del interés general". En este caso, para de la Mora "ha primado el interés privado de una empresa que pretende enriquecerse con la explotación de los recursos naturales, recursos que son de la colectividad, frente a intereses públicos superiores como la seguridad vial, la protección de la salud, el cuidado del medio ambiente o la preservación del patrimonio natural", declaró.