Desde que esta comunidad autónoma echó a andar, la última sesión parlamentaria del año, en vísperas navideñas, siempre ha estado reservada a la aprobación de sus Presupuestos para el ejercicio siguiente. Sin embargo, la pasada semana no ocurrió así, ya que esta es la fecha sin que se tenga noticia, no ya del Proyecto presupuestario de la Junta, sino del preceptivo techo de gasto previo, que suele aprobarse por el mes de septiembre.
"Presentaré los Presupuestos cuando pueda", se limitó a contestar el otro día la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, preguntada al respecto por un procurador de Podemos. Del Olmo había anunciado antes el propósito de la Junta de aprobar por decreto "una prórroga blanda" de los Presupuestos de 2016 hasta tanto no se presenten y aprueben los de 2017.
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| Javier Fernández y Alberto Núñez Feijóo |
¿Qué es lo que ha impedido que a estas alturas la Junta no haya presentado a las Cortes su nuevo Proyecto de Presupuestos, incumpliendo flagrantemente el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 50 establece dicha obligación en la fecha límite del 15 de octubre. Según del Olmo, no puede cerrar las nuevas cuentas sin conocer la cuantía de las entregas a cuenta destinadas a la Comunidad en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, cuantía que a fecha de hoy ni siquiera conoce el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro.
Dicha excusa no se sostiene, ya que en ese caso ningún gobierno autonómico habría presentado sus nuevos Presupuestos. Y el de Galicia, todo un referente del Partido Popular, lo hizo a primeros de diciembre. Los de Andalucía han sido aprobados ya por el Parlamento y otros ya están en fase de tramitación parlamentaria, como los de Extremadura o Asturias, comunidad ésta última en la que -favor con favor se paga- el PP ha renunciado a enmendar a la totalidad el Proyecto presentado por el gobierno socialista de Javier Fernández, el mismo que preside la gestora federal del PSOE. Una vez que el pasado 1 de diciembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó fijar en el 0,6 por ciento del límite de déficit de las comunidades autónomas para 2017, no hay excusa que valga para retrasar los Presupuestos de la Junta.
Lo que ocurre es que al gobierno de
Juan Vicente Herrera le resulta muy cómodo hacerlo, ya que esa "prórroga blanda" que piensa aprobar este jueves le permitirá aplicar una política de hechos consumados, sorteando de momento la falta de mayoría parlamentaria que le obliga a negociar al menos la abstención de un procurador para aprobar los nuevos Presupuestos. La consejera de Hacienda, acreditada experta de ingeniería financiera y enjuagues contables, descubrió en 2011 las ventajas de la prórroga presupuestaria y ha decidido repetir la jugada.
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| Procuradores de Ciudadanos en las Cortes |
Aquel año, con la excusa de que los Presupuestos del Estado
del gobiernoZapatero no resultaban fiables, la Juntaprorrogó los suyos y no aprobó los de 2012 hasta el mes de julio, circunstancia que aprovechó además para colar de matute -con la connivencia del PSOE de Julio Villarrubia y el silencio cómplice del procurador de IU y de los agentes del dialogo social- aquella vergonzante amnistía fiscal destapada y bautizada después aquí como "pacto de la Coronita".
Si prorrogar los Presupuestos permite hacer mangas y capirotes, el chollo es completo cuando no se tiene mayoría parlamentaria para aprobarlos y hay que someterse al tedioso trámite de tener que pactar la abstención de Ciudadanos, que vete tú a saber por donde les dará el aire y qué se les ocurrirá exigir. Y encima, como los de Albert Rivera están encadenados al gobierno Rajoy, a la Junta no le queda más remedio que hacer el teatrillo de costumbre con ellos, no pudiendo recurrir directamente al procurador de la Unión del Pueblo Leonés, que suspira por prestar su voto a cambio de unas cuantas enmiendas que pueda rentabilizar políticamente en la "región leonesa".
Salvo que se habilite parlamentariamente el mes de enero, cosa que no está prevista, los nuevos Presupuestos de la Comunidad no estarán aprobados hasta el mes de abril. Hasta entonces no podrán implementarse nuevas políticas, si es que éstas llegan a figurar en el nuevo Proyecto Presupuestario. Seguirá en el limbo el cacareado el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias y ni que decir tiene que se incumplirá por segundo año consecutivo la obligación legal de recuperar el Plan Plurianual de Convergencia Interior destinado a corregir los desequilibrios territoriales internos.
La disposición adicional tercera de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio obliga a poner en marcha dicho Plan, así como el Fondo Autonómico de Compensación, "cuando el PIB crezca por encima del dos por ciento interanual", crecimiento que ya se produjo en 2015 y se producirá en 2016, sin que la Junta tenga la menor intención de cumplir dicho mandato legislativo, que seguirá siendo papel mojado.
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| Sáez de Santamaría, en una anterior visita |
Así las cosas, hoy nos honra con su presencia la nunca suficientemente ponderada vicepresidenta
Soraya Sáez de Santamaría, quién oficialmente abordará con el presidente de la Junta los asuntos a tratar en la Conferencia de Presidentes convocada para mediados de enero, a saber, primordialmente la revisión del modelo de financiación autonómica, la insuficiente financiación de la Dependencia y el consabido problema de la despoblación. Si la pasada semana, con ocasión de la asistencia del vicepresidente
De Santiago-Juárez a la reunión preparatoria convocada en Madrid, los voceros habituales ya quisieron convencernos de que la Juntapoco menos que había marcado la agenda de dicha Conferencia, no sé que se inventarán
"L´Osservatore herreriano" y compañía para elevar el listón tras la entrevista entre Herrera y Sáez de Santamaría.
Y la verdad es que el encuentro podría ser útil si, en lugar de hacer el paripé y vender el humo de dicha Conferencia, el presidente de la Junta planteara de verdad otros problemas bilaterales con el gobierno Rajoy que tanto le embargan, tales como el de la liquidación de la minería del carbón o la llamada "tasa dulce" que, de creerse su propia argumentación, pone en peligro nada menos que la supervivencia del sector remolachero-azucarero.
Aunque, volviendo al meollo de una Conferencia a la que no va a asistir el catalánPuigdemont, desde luego sería muy interesante que Herrera dejara muy claro a la vicepresidenta que Castilla y León no admitirá bajo ninguna circunstancia una negociación bilateral sobre financiación autonómica entre el gobierno central y la Generalitat de Cataluña. ¿O sí?
