Patriotismo constitucional

El pasado martes cumplió años nuestra Constitución, y no digo celebramos su aprobación por referéndum porque, lamentablemente, el día de la Constitución pasa desapercibido en España, como si no tuviera importancia. Lo que evidencia dos cosas: que no sabemos qué es una Constitución y además no tenemos conciencia histórica de lo que supuso. Y me parece que el Estado ha hecho muy poco para colmar esta laguna monumental en la formación de los españoles, lo cual pone de relieve el escaso compromiso constitucional que existe en nuestro país. Compromiso constitucional es algo parecido a esa expresión que ha empezado a generalizarse de patriotismo constitucional: supone entender que Constitución es sinónimo de libertad, de derechos fundamentales respetados y de pluralismo social y político reconocido. Vamos, casi nada.

La Constitución es la ley fundamental del Estado y de ella se derivan, como si de una pirámide se tratara, todas las demás leyes, como bien explicó el maestro de juristas democráticos que fue Hans Kelsen. Así pues, la legitimidad de todo el Derecho aplicable en nuestro país se deriva de la Constitución, que conlleva el Estado democrático y la soberanía popular que la hacen posible en su origen. No hay, pues, Constitución en los países no democráticos, en sentido estricto, aunque haya dictaduras que proclamen tener una Constitución: no lo es tal, en puridad, porque la Constitución es un invento del Estado liberal y solo en el mismo puede germinar. Evidentemente no se trata de una formalidad, sino el resultado del reconocimiento de principios tan básicos como el Estado de Derecho, la separación de poderes y los derechos fundamentales. Tener una Constitución significa tener reconocidas todas esas garantías que posibilitan llamar ciudadanos a quienes viven en países democráticos, pues cuando no es así deberíamos hablar con rigor de súbditos.

Pero si esto ya es muy importante, si no se es consciente de ello, al menos debería estar generalizada la conciencia de lo que supuso la Constitución como ruptura con la dictadura que la precedió. Sí, sé muy bien que enseguida habrá quienes digan que nuestra transición no fue una ruptura sino una reforma, fruto del pacto con el anterior régimen, que se hizo el harakiri para facilitar el advenimiento del Estado democrático, aquello que se denominó, en palabras de Torcuato Fernández Miranda, el paso "de la ley a la ley", sin derramamiento de sangre, sin violencia, pero con compensaciones como fue la ley de amnistía. Ya, eso es verdad, pero también lo es que el Estado que nació en las elecciones generales de junio de 1977 rompió del todo con el régimen anterior porque es su antítesis, es decir, que si formalmente puede hablarse de una reforma, conceptualmente se produjo una ruptura democrática. Que en palabras lisas significa que España volvió, tras 40 años de opresión, a ser libre, devolviendo a sus ciudadanos los derechos que le confiscó la dictadura franquista. Tener conciencia de ello es obligado y quienes mejor lo saben son los españoles que vivieron ambas situaciones: no hay color, gracias a la democracia los españoles vivimos mucho mejor, en todos los órdenes.

¿Supone tal cosa que tenemos la mejor Constitución posible? Al menos es la que más ha durado en nuestra historia, donde hemos saltado de constituciones conservadoras a progresistas, de escasa duración. La vigente tiene ya casi 40 años, y en un país tan inestable como el nuestro, es una hazaña, de la que debemos sentirnos orgullosos, lo que ha conllevado una estabilidad política desconocida por aquí. Pero no determina que no haya que cambiarla. Thomas Jefferson, el padre de la constitución de EE.UU., decía que una constitución no podía durar más de 19 años. Sin llegar a tanto, creo que puede mantenerse que una constitución, como la nuestra, debe ser reformada periódicamente para adecuarla a la realidad. 1978 no es 2016, han pasado muchas cosas y no se previeron.

Menciono varias que exigirían su reforma: el diseño territorial del Estado. Cuando se hizo la Constitución no se tenía nada claro cómo iba a ser y prácticamente el título VIII dejó abierto en canal el problema, más allá de reconocer el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones. De ahí que toda la regulación de las distintas comunidades autónomas no esté dentro de la Constitución y sus leyes orgánicas respectivas formen parte de lo que se llama el bloque constitucional. Ese derecho a la autonomía hay que definirlo mucho mejor: ¿Estado federal, Estado autonómico? Hacerlo bien es la mejor respuesta que se puede dar al llamado problema catalán y yo diría también, aunque menos, que vasco. Y aquí incluyo la regulación del Senado, la cámara más inútil que tal cual nunca debió aprobar nuestra Constitución: es imprescindible convertirla en una cámara de representación territorial, al estilo alemán, o suprimirla. Doy por supuesto el cambio en la ley sálica vigente de nuestra monarquía, discriminando a la mujer frente al varón en el orden sucesorio. Y mucho más importante, la incorporación como derechos fundamentales de derechos hoy de segunda de contenido social.

No es baladí celebrar la Constitución, es justo y lúcido: sin Constitución no seríamos ciudadanos, sino súbditos sometidos a la arbitrariedad del poder. ¿Que es idealista esta visión? Miren ustedes en el mundo a países sin constituciones liberales, vean la situación de sus derechos y libertades, y contéstenme después. Claro está: abogo por un patriotismo constitucional que supone una Constitución viva y operante, no papel mojado.

Marta FERREIRA