El PSOE pide un protocolo específico para garantizar la seguridad de los funcionarios de prisiones

El diputado del PSOE por Salamanca, David Serrada, ha registrado una petición en el Congreso de los Diputados en la que solicita la comparecencia, en la Comisión de Interior de la Cámara Baja, del Secretario General de Instituciones Penitenciarias para que informe sobre las agresiones que se están produciendo en los centros penitenciarios de manera reiterada, muchas de ellas y las últimas de manera reciente en el centro de Topas, sobre las razones o las causas de las mismas, y las medidas que se van a adoptar para hacerlas frete y evitarlas.

El Parlamentario salmantino ya presentó una iniciativa en este sentido en la Comisión de Interior del Congreso, de la que es portavoz adjunto por el Grupo Socialista y aprobada por 34 votos a favor y 3 abstenciones, en la que se pedía al Gobierno la creación de un protocolo específico para garantizar la seguridad de los funcionarios de prisiones. Serrada considera que "ante un colectivo especial, con características especiales como es el de los funcionarios de prisiones, también es necesario que haya un acuerdo y que se regule de manera especial la actividad que hace este colectivo. Un colectivo que sufre reiteradas y habituales agresiones, las últimas se han producido en el centro penitenciario salmantino de Topas, y que se enfrenta a unas circunstancias laborales que precisan, sobre todo, un tacto y una delicadeza por parte de la Administración y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que hasta el momento no han tenido".

Para el diputado socialista "no es de recibo que haya prisiones en nuestro país terminadas y que estén cerradas, no es de recibo que con los recortes se haya buscado una excusa para despilfarrar dinero público a la hora de hacer contratos con empresas privadas, no solo para tratar de vigilar el recinto perimetral, sino también para suministrar contratos de mantenimiento o de limpieza en las prisiones. Como tampoco es de recibo, y resulta miserable, que por parte del ministerio se haya tratado de recortar el gasto farmacéutico, y que haya presos que en estos momentos tengan que pagar por recibir medicación, sobre todo en algunos tratamientos de larga duración". "Aquí", concluye Serrada, "pueden estar algunas de las razones, entre otras, de la proliferación de agresiones a los funcionarios de prisiones y la reducción de las condiciones de seguridad en las que ejercen su trabajo".

En base a esto, la iniciativa presentada por el Grupo Socialista, y aprobada por una amplia mayoría, "va a servir para aportar justicia y una nueva visión a lo que debe ser la labor de estos funcionarios públicos, y sobre todo para que la puedan ejercer con seguridad en su entorno laboral, para que puedan verse protegidos y tengan un asidero legal en caso de que sufran agresiones tanto verbales como físicas".