Más de 43 expedientes antiguos por los daños del lobo en la provincia permanecen sin resolver

Según los datos de la Junta de Castilla y León a los que ha tenido acceso Asaja-Salamanca, aún quedan 43 expedientes sin resolver sobre los daños ocasionados por el lobo, en el período que comprende desde el 1 de enero al 30 de mayo de 2016. Las indemnizaciones que aún están sin tramitar son aquellas que corresponden a las franquicias de los seguros privados y que la Junta venía haciendo efectivas a los perjudicados tras pasar el peritaje. También, faltarían por subsanar las solicitudes realizadas por vía patrimonial de las que aún se desconoce el número total y, en esta ocasión, son las comprendidas entre octubre de 2015 y mayo de 2016.

Cabe recordar que la sentencia del Tribunal Supremo en 2013 confirmó el fallo por el que los ganaderos dejarían de afrontar de su propio bolsillo las pérdidas ocasionadas por el lobo y recibirían una compensación por parte de la Junta. No obstante, la Ley 42/07 de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y Biodiversidad se modificó y se estableció la no responsabilidad de la Administración por los daños de especies silvestres. De este modo, los ganaderos que sufrieron los ataques del lobo en el período de octubre de 2015 a mayo de 2016 han quedado sin ser indemnizados, ya sea por vía patrimonial como por la franquicia de los seguros privados (estos últimos a partir de enero de 2016) que solía hacer efectivo la Junta de Castilla y León y, que como se ha mencionado antes, los referentes a franquicias ascienden a un total de 43 expedientes. Gracias al nuevo decreto del pasado 19 de mayo, se ha vuelto a reconocer la responsabilidad administrativa y todos los sucesos acaecidos desde el 1 de junio se vienen pagando en tiempo y forma, con un período máximo de 15 días para subsanar los daños.

Es por eso que Asaja-Salamanca recuerda que aún existe un lapsus de tiempo en el que se han dejado de tramitar los expedientes. Y, aunque a Asaja-Salamanca le conste por diversas fuentes administrativas que la voluntad de la Junta es subsanar todas las indemnizaciones, se pide agilidad en los expedientes olvidados para llegar a la situación actual en la que se responde en los 15 días estipulados.