“Por cada contrato indefinido en Salamanca, se firman tres inferiores a siete días”

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Salamanca, José Luis Hernández Rivas y Emilio Pérez, han vuelto a denunciar la precariedad laboral y los bajos salarios con motivo de la celebración, este viernes, de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. De no ponerse límites y condiciones a la actuación de las empresas, "la desigualdad y la pobreza seguirán aumentando". En este sentido, Hernández Rivas ha señalado que, en Salamanca, se por cada contrato indefinido que se firma (el 40% a tiempo parcial), hay tres inferiores a siete días, con la paradoja de que en el último mes fueron más de 12.000 contratos "pero bajó la afiliación a la Seguridad Social en más de 420 personas". Situación que ha dado lugar, afirmó el responsable de UGT, a una nueva clase, "trabajadora pobre".

Rechazo a los tratados con EEUU y Canadá

Por otro lado, Emilio Pérez Prieto ha mostrado su rechazo tanto al Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Europa (TIPP) como al de Canadá (CETA). Ha asegurado que, aunque el TIPP está en proceso de paralización, "las multinacionales tienen las puertas abiertas a través de CETA. Para el responsable de CCOO, abrir el mercado de la UE a empresas norteamericanas y canadienses supondrá "desregular las condiciones laborales defendidas a través de la OIT", convirtiéndose en un grave atentado "a los derechos laborales y a los servicios públicos."

Jornada mundial por el trabajo decente

CCOO y UGT exigen en un comunicado conjunto:

Garantizar por ley a nivel europeo y nacional que las empresas que subcontratan, mediante cualquier fórmula, sean responsables subsidiarios de los salarios y la protección social de los trabajadores y trabajadoras de las empresas subcontratadas se encuentren estas donde se encuentren.

Exigir a las empresas que utilizan cadenas de suministros, que todos sus proveedores, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mantengan condiciones de empleo decentes, respeten los convenios colectivos y los derechos fundamentales, incluidos los derechos sindicales.

Establecer por ley como requisito en la contratación pública la exigencia por parte de los organismos contratantes a las empresas de quienes adquieren bienes o servicios, el respeto a los convenios colectivos aplicables y condiciones de trabajo decente, una exigencia que extendemos a las franquicias y filiales de las grandes empresas, tanto en nuestro país como en el extranjero.

Derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, y recuperar derechos laborales arrebatados a los trabajadores

Combatir la desigualdad y la pobreza mediante una Prestación de Ingresos Mínimos que garantice ingresos básicos para las personas que carecen de empleo

Establecer incrementos salariales que contribuyan al crecimiento económico y del empleo y profundizar, en la negociación colectiva, en el desarrollo de cláusulas que ayuden a impulsar el empleo y, sobre todo, a mejorar su calidad.

Fijar un SMI de 800 euros en el primer año y subidas progresivas durante la legislatura, hasta alcanzar el 60% del salario medio de nuestro país.

Derogar la ley 4/2015 de protección de seguridad ciudadana ("ley mordaza") y el articulo 315.3 del Código Penal que criminaliza facultades esenciales para ejercer el derecho de huelga.

Instamos al Gobierno a que dé cumplimiento, modificando el Estatuto de los Trabajadores, a la Directiva 1999/70/CE al objeto de garantizar el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la UE el pasado día 14 de septiembre y que señalan la discriminación y el abuso en la contratación temporal en nuestro país.