Ayuntamientos y Diputaciones dejan en evidencia la morosidad de la Junta
Quien iba a decir que los principales ayuntamientos de Castilla y León, con la única excepción del consistorio burgalés, y las nueve Diputaciones Provinciales iban a estar pagando a los proveedores en el plazo de 30 días -que en realidad son 60 desde la presentación de la factura- que marca la Ley. Y así es según la última estadística (correspondiente al pasado mes de abril) publicada por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El ayuntamiento que paga antes es el de Segovia, que ni siquiera agota los 30 días previos que tienen las administraciones para dar su conformidad a las facturas antes de que empiece a contar el plazo legal para hacerlas efectivas. A continuación aparecen el de Salamanca, que tarda una media de tan solo 4,42 días, el de Valladolid (6,45) y el de Palencia (11,25). El de Soria paga a los 16 días, el de Zamora a los 20 días; el de León, pese a su fuerte deuda, a los 23,86, y el de Ávila a los 29,20. Tan solo está fuera de plazo el ayuntamiento de Burgos, que en abril se demoró hasta los 41 días de media (71 desde la presentación de facturas).
Y las nueve Diputaciones provinciales están al día. Tres de ellas pagan incluso antes de que empiece a contar el plazo: Palencia se anticipa una media de 8,60 días, Segovia 6,26 y Zamora 5,94. Valladolid paga a los 1,58 días, Soria a los 2,34 y Ávila a los 8,5. Las Diputaciones de Burgos y León cumplen a los 14 días y la de Salamanca a los 20.
Este buen comportamiento de Ayuntamientos y Diputaciones contrasta con el flagrante incumplimiento de la Junta de Castilla y León, que es la cuarta comunidad autónoma con mayor demora en el pago a los proveedores. El plazo medio en el que abona sus facturas pasó de 59,19 días en marzo a 76,38 en abril, casi 30 días por encima de la media de las comunidades autónomas, que se sitúa en los 46,92 días. Todo un mal ejemplo que por fortuna no siguen las administraciones locales y provinciales, que en este caso ponen en evidencia el alto grado de morosidad del gobierno de Juan Vicente Herrera.
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