Salarios de miseria

Se ha escrito hasta la saciedad que la actual Reforma Laboral, aprobada por el gobierno de Rajoy, ha repercutido negativamente en los derechos de los trabajadores, generando más empleo temporal que indefinido y con unos salarios de miseria. En palabras del catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca, Carlos Palomeque, (que comparto), la Reforma Laboral ha supuesto la "expulsión masiva de trabajadores del sistema económico, porque destruye empleo más que lo crea". El mismo profesor también afirma que "se ha esquilmado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social".

Es cierto que los datos de empleo del mes de abril (conocidos a primeros de mayo) son positivos en términos absolutos, dado que el paro bajó en 83.599 personas, aunque ese descenso es menor que en abril de 2015 (118.923) y que en el mismo mes de 2014 (en el que descendió en 111.565 personas). Estos guarismos dejan el número de desempleados en 4.011.171.

Los datos de empleo del mes de abril ratifican lo expresado por Palomeque, dado que del 1.541.729 de contratos laborales suscritos en abril, sólo 145.833 son indefinidos, mientras que el resto (no llega al 10 %), son temporales. Es cierto que el número de parados es el menor desde hace varios años, pero tampoco es menos cierto que España tiene menos habitantes que en la primera década del siglo XXI y que actualmente tan sólo el 53,3% de los desempleados disfruta de alguna ayuda estatal, es decir, que 1 de cada dos parados no tiene ningún tipo de ayudas, siendo la cobertura por desempleo la más baja de toda la serie histórica. En el año 2010, por ejemplo, el porcentaje era del 79,9 %, casi 27 puntos más que en la actualidad.

No obstante, a pesar de las precarias condiciones laborales y salariales de los "nuevos empleos", sigue habiendo políticos que les ha costado menos acceder a puestos de élite sin haber "dado un palo al agua" (como se dice popularmente) y que manifiestan que salarios de 340 euros al mes son dignos porque "por algo se empieza", Eso lo manifestó Cristina Tavío, diputada autonómica canaria y vicepresidenta segunda del Parlamento de esa Comunidad, cuando ella está percibiendo cerca de 5.000 euros mensuales por su actividad política. Este ejercicio de hipocresía es también compatible con su "modus vivendi". Es sabido que el año pasado en uno de los "twiter" que recibió de un trabajador que le manifestó que con 340 euros no puede mantenerse una familia, contestando ella que "por algo se empieza". Como también, que en 2010 se conoció que de los gastos que recibió el Grupo Popular del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (al que ella perteneció durante la legislatura 2003-2007), un total de 640.000 euros había facturas de gafas de sol, camisas, calcetines, corbatas, carteras de piel y bragas (parece que estos artículos no guardaban mucha relación con su función como ediles).

Algo parecido se ha conocido recientemente sobre algunos gastos realizados con dinero público por cargos políticos de la Junta de Castilla y León: comidas en restaurantes, copas e incluso multas de tráfico y que se unen a la larga lista de "Gürteles, Pokémon, ERE,s, Nóos, Púnica, etc., etc.", degradando el honor y la dignidad de una sociedad constituida por ciudadanos, en su inmensa mayoría honrados.

Estas conductas por las que se destina dinero público, que, por esencia, debe estar dirigido a satisfacer necesidades públicas, para financiar necesidades privadas, forman parte de presuntos casos de prevaricación, malversación de caudales públicos, o tráfico de influencias y, en consecuencia, de actos de corrupción política.