El PP defiende un tratamiento específico de los menores en los procesos judiciales

La portavoz de Justicia del GPP, María Jesús Moro, apostó hoy por "impulsar y fomentar medidas para conseguir un tratamiento específico para los menores de edad en todos los procesos judiciales atendiendo a sus necesidades". En particular, solicitó "la elaboración de un protocolo para la orientación sobre la forma de examinar, interrogar u obtener testimonio de los menores de edad inmersos en un proceso judicial, reforzando así las garantías de sus derechos, especialmente el de ser escuchado evitando su segunda victimización"

Durante su intervención para la defensa de la iniciativa parlamentaria del Grupo del Partido Popular en la Comisión de Justicia, la portavoz popular destacó que "en los últimos cuatro años hemos avanzado significativamente en la defensa y proyección de los derechos de la infancia y la adolescencia en el entorno de la justicia".

En este sentido, puso en valor el Estatuto de la Víctima, la modificación de los artículos 2 y 9 de la LOPM que aprobó el Gobierno de Rajoy y el incremento del 17,64% en los PGE para programas de formación. De esta manera, señaló que "se ha desarrollado el principio del interés superior del menor y concretando y desarrollando los derechos de ser escuchado".

"También -añadió- se ha reforzado el sistema de protección de menores en el ámbito judicial, creando un nuevo registro central de delincuentes sexuales, reforzando mecanismos de prevención en la sustracción internacional de menores, incrementando las garantías en la integridad de aquellas personas que tienen como función la formación de menores, y extendiendo la especial protección de nuestro ordenamiento jurídico sobre menores afectados por violencia".

María Jesús Moro remarcó la necesidad de seguir profundizando en ese camino para lo que apostó por "seguir las recomendaciones de los organismos e instrumentos internacionales". En este sentido, recordó la resolución 2005/20, de 22 de julio de 2005, del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y la Ley modelo sobre la justicia en asuntos concernientes a menores víctimas y testigos de delitos de 2009 elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina Internacional de los Derechos del Niño.

Por último, María Jesús Moro hizo énfasis en incorporar el principio de "justicia amigable para los niños" como señalan las Directrices adoptadas el día 17 de noviembre de 2010 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa.