La recaudación de tributos gestionados por la Junta sube un 11% en 2015

Castilla y León goza de autonomía de gestión sobre dos tipos de gravámenes: los cedidos, que fueron transferidos por la administración central en virtud de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, y los propios, que la Junta reguló por primera vez en 2012. En el primer concepto se incluyen las tributaciones por herencias, compraventa de vivienda usada y escrituras notariales, que aportaron 499,5 millones a las arcas autonómicas el pasado año, un 11,89 % más que en 2014. Al segundo grupo pertenecen dos de carácter medioambiental, que generaron unos ingresos de 66,8 millones, lo que representa un crecimiento del 4,85 %.

El impuesto que mejor comportamiento experimentó fue el de Transmisiones Patrimoniales, que reportó 187,37 millones de euros a la hacienda de la Comunidad. Esta cifra es un 27,04 % superior a la contabilizada hace un año sin que en este tiempo se haya producido ninguna modificación de tipos, por lo que resulta razonable concluir que esta mejoría es un síntoma más de la recuperación que empieza a vislumbrarse en el sector de la construcción.

Para reafirmar este argumento conviene recordar también que más de la mitad de la recaudación del ITP está directamente vinculada a la compraventa de vivienda de segunda mano. De hecho, el número de autoliquidaciones presentadas expresamente por este tipo de operaciones se elevó un 10 % el año pasado con respecto a 2014, mientras su importe lo hizo en un 9 %.

La evolución de estas cifras discurre en paralelo a las que presenta AJD, que aportó 76,7 millones, un 12,29 % más. Buena parte de la tributación de este impuesto recae en los promotores inmobiliarios por la enajenación de terrenos, la concertación de préstamos hipotecarios para la edificación o las declaraciones de obra nueva.

Reactivación del sector de la construcción

Este incremento relativo en la recaudación por ITP y AJD, superior a los dos dígitos, es coherente con el balance positivo que para la actividad de la construcción dibujan otros indicadores anuales en Castilla y León. Es el caso del repunte del 30,4 % en la venta de viviendas usadas; el alza del 2,6 % en los precios o los aumentos del 4,9 % en el número de hipotecas constituidas y del 1,2 % en el importe medio formalizado.

No obstante, cabe precisar que una parte de los 264,1 millones de recaudación conjunta de ITP y AJD corresponde a un ingreso excepcional de 27,9 millones, que es la cantidad abonada por las operadoras de telefonía móvil a la Junta como consecuencia de la concesión de licencias de uso del espectro radioeléctrico. Aún descontado este efecto, la aportación de ambos impuestos a las arcas autonómicas hubiera sido un 9,5 % superior a la del ejercicio anterior.

En números absolutos, el segundo tributo en importancia fue el de Sucesiones y Donaciones (SyD), que agregó 171,6 millones, un 3,39 % más. Sólo la Tasa sobre el Juego aportó menos fondos que el año anterior, 63,7 millones, lo que se traduce en una merma del 1,28 %.

Por su parte, los tributos propios generaron un 4,8% más de ingresos, hasta alcanzar los 66,8 millones. Cabe destacar el empujón del 11,4 % a la recaudación procedente del Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en vertederos (IER). Más moderada porcentualmente, del 3,9 %, fue la del Impuesto sobre la Afección Medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión (IAM).

Por último, las Tasas de la Comunidad contribuyeron a las arcas públicas con 26,6 millones, cantidad un 17,3 % mayor que la del año anterior. Es destacable el aumento de los fondos incorporados por la aplicación de tasas en materias de industria, energía o dirección de obra, otro síntoma de la mejoría económica en 2015.

Cambio de tendencia

En una retrospectiva de los últimos nueve años se observa que la recaudación está muy lejos de alcanzar la cifra de mil millones de euros que casi se logró en 2007, cuando los tributos gestionados por la Junta llegaron a nutrir el 10 % de los presupuestos de la Comunidad. Pese a que en este intervalo de tiempo estos recursos han retrocedido un 39 %, cabe apuntar dos hechos positivos, que confirman un cambio de tendencia.

El primero es que desde 2012, ejercicio en el que los ingresos tributarios de la Junta tocaron suelo, se han recuperado 115 millones de euros. En segundo lugar, hay que destacar que por primera vez desde 2007 se produce un crecimiento interanual en los fondos aportados por el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Ahorros por más de 228,1 millones en bonificaciones a familias y empresas

Fiel a su política de apoyo a las familias y las empresas, la Junta mantuvo el año pasado su catálogo de 50 beneficios fiscales, que son de aplicación tanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de gestión estatal, como a los de competencia autonómica. Un total de 67.264 contribuyentes vieron aminorada su factura fiscal gracias a las reducciones y bonificaciones aplicadas por la Consejería de Economía y Hacienda. El ahorro para sus bolsillos ascendió a 228,1 millones, una cuantía un 16,4 % superior a la de un año antes.

El grueso de beneficiarios corresponde a quienes tuvieron que afrontar los gastos de una herencia o donación. El año pasado fueron 59.057 ciudadanos ?un 5,12 % más? y se desgravaron 204,1 millones ?un 13,8 % más que en 2014?. En el caso de ITP y AJD, las ventajas tributarias alcanzaron a 6.960 castellanos y leoneses ?un 31,82 % más?, que abonaron al Fisco 18,6 millones menos ?una cuantía un 34,83 % superior a la del ejercicio precedente?. El colectivo más favorecido fue el de los jóvenes que se aplicaron deducciones relacionadas con la vivienda, tanto en la tributación por adquisición como por los gastos derivados de la hipoteca.

La lucha contra el fraude aflora 61,9 millones

La Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, ejecutó 26.847 controles que afloraron un fraude de 61,9 millones. El 86 % de este montante se recuperó gracias a las comprobaciones efectuadas sobre 26.372 liquidaciones, mientras el 14 % restante retornó a la hacienda autonómica por medio de las 475 actas de inspección levantadas.

El mayor número de actuaciones obedeció a los llamados controles extensivos, orientados a verificar que las autoliquidaciones presentadas son correctas así como a identificar a los contribuyentes que rehúyen su obligación de tributar. Las comprobaciones más numerosas se practicaron sobre ITP y AJD: 18.262, que afloraron 19,8 millones. En segundo lugar, figuraron las 7.652 efectuadas sobre SyD, que permitieron devolver al erario público 32,4 millones. Por último, se llevaron a cabo 292 controles sobre la Tasa sobre el Juego y 163 que afectaron al Impuesto sobre el Patrimonio. Con estas operaciones se repusieron 0,9 y 0,5 millones, respectivamente.

Además de los controles extensivos, la Junta desarrolla otros intensivos dirigidos al descubrimiento y liquidación del fraude mediante comprobaciones específicas. En virtud de estas actuaciones, en 2015 se levantaron 475 actas de inspección: 275 sobre Sucesiones y Donaciones, con las que se recuperaron 5,8 millones; 114 en el Impuesto sobre el Patrimonio, gracias a lo que se obtuvieron 0,4 millones; y 101 actas sobre ITP y AJD, que permitieron devolver a la hacienda pública 1,8 millones.

Agilidad en la gestión de expedientes

La política de la Junta en materia fiscal mantiene entre sus principios rectores la rapidez en la gestión de los expedientes y la baja conflictividad en la relación con los contribuyentes. En el primer punto, conviene destacar que los tiempos medios de tramitación se situaron en Castilla y León el año pasado en 2,4 meses para ITP y AJD y 3,7 meses para Sucesiones y Donaciones. En una comparativa homogénea con otras autonomías, lo que requiere considerar datos de 2014, la Comunidad se situó como la tercera más ágil.

Por otra parte, la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica ha venido trabajando en los últimos años en poner a disposición de los contribuyentes distintas herramientas con el objetivo de facilitar sus trámites con la Administración. A modo de ejemplo, cabe citar la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos (OVIA), ventanilla a través de la que se presentaron y abonaron 271.589 declaraciones el año pasado (un 27,16 % más que en 2014) por importe superior a 199,7 millones (un 19,4 % más).

Reducida conflictividad

Como consecuencia de lo anterior, es reseñable la baja conflictividad que presenta la gestión tributaria respecto a los impuestos cedidos. De hecho, los recursos presentados en el caso de Sucesiones y Donaciones apenas representaron el 0,8 % de las liquidaciones de este gravamen. De la misma forma, el desacuerdo con el contribuyente para ITP y AJD sólo afectó al 0,3 % de los expedientes tramitados.

Otro indicador ilustrativo lo constituyen las reclamaciones económico-administrativas. De acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, correspondientes a 2014, la litigiosidad en Castilla y León fue un 87 % inferior a la media de comunidades en cuanto a ITP y AJD y un 170 % más reducida en SyD.

Estos porcentajes son el resultado de comparar cuántos recursos interponen los contribuyentes por cada liquidación complementaria que efectúa la Administración cuando no está conforme con la declaración registrada previamente por el ciudadano. El resultado es que en nuestra Comunidad se produce una queja ante el Tribunal Económico-Administrativo por cada 23,5 liquidaciones complementarias sobre ITP y AJD, mientras en el conjunto de autonomías baja a 8,2. Lo mismo ocurre con la tributación por herencias o donaciones: en Castilla y León se presenta una reclamación por cada 11,8 expedientes con liquidación complementaria y en la media autonómica surge por cada 3,2.

Más aplazamiento en el pago de las deudas

Otra de las ventajas que disfrutan los castellanos y leoneses en sus relaciones con la Consejería de Economía y Hacienda se sustancia en las facilidades para el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas. Esta opción fue aprobada para 1.606 expedientes, un 22 % más que en 2014. Además, el importe autorizado de pago retrasado o en más de un plazo ascendió a 24,69 millones, similar al de un año antes.