PP y C´s: Un escaqueo con todo descaro
Cualquier excusa vale para escaquearse de cumplir los compromisos sobre regeneración democrática y el Partido Popular y Ciudadanos la encontraron ayer en una enmienda de Podemos para no apoyar en las Cortes la incompatibilidad de los cargos de procurador y alcalde de un municipio de mas de 20.000 habitantes.
PP y C´s tenían difícil oponerse a la proposición presentada por el grupo socialista para introducir esta incompatibilidad en la Ley Electoral de Castilla y León, toda vez que dicha medida forma parte del "acuerdo por la gobernabilidad de Castilla y León" que permitió la investidura de Juan Vicente Herrera. De hecho, el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, anunció su apoyo a la iniciativa tras presentar una enmienda "in voce" ampliando de uno a tres el plazo en el que la Junta debía presentar ante las Cortes el texto de la correspondiente modificación legislativa. Por su parte, el viceportavoz popular, Juan José Sanz Vitorio, anunció en su primera intervención el voto favorable de su grupo.
Sin embargo, la aceptación de otra enmienda de Podemos, que introducía otras dos medidas de regeneración -la limitación a ocho años del mandato de los consejeros y la publicación de las agendas de los altos cargos de la Junta- sirvió de coartada para el escaqueo del PP y Ciudadanos. Ante la imposibilidad reglamentaria de votar los distintos puntos por separado, el primero votó en contra y el segundo decidió abstenerse.
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Con ello el PP ha conseguido demorar una causa de incompatibilidad que, aunque jurídicamente no tenga efectos automáticos, pondría en el disparadero a los alcaldes de León, Antonio Silván, y Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, titulares de sendos escaños en las Cortes. Y de paso también ha demorado otra medida que iba en el mismo lote: el cese inmediato, tan pronto se produzca la apertura de juicio oral, de los altos cargos procesados por delitos contra las Administraciones Publicas o relacionados con la corrupción política. Asunto éste nada baladí, habida cuenta de la presencia de seis altos cargos de la Junta entre los investigados por el Juzgado de Valladolid que instruye el caso Perla Negra- Polígono de Arroyo.
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