Ecologistas en Acción califica de “cacerías ilegales’ al control de la población de lobos y...

Ecologistas en Acción de Salamanca exige la paralización de lo que califica "cacerías de lobo" los controles poblacionales llevados a cabo por la Junta de Castilla y León por considerarlos "ilegales ya que atentan contra varias normativas y leyes", haciendo mención explícita a la Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitats, y a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que traspone a la legislación española la Directiva 92/43/CEE Hábitats y que por tanto, cataloga al lobo como especie de Interés Comunitario, lo que implica necesariamente su conservación, distinguiendo dentro de la Península dos zonas, al norte y al sur del Duero, y que en el caso de Salamanca ?al sur? define al lobo como especie de interés comunitario que requiere protección estricta.

Sin embargo, Ecologistas en Acción obvia el artículo 16.1 (b) de la Directiva 92/43/CEE, en el que se establece que los Estados miembros, "siempre que no exista ninguna otra solución satisfactoria y que ello no suponga perjudicar el mantenimiento, en un estado de conservación favorable, de las poblaciones de la especie?.", podrán realizar excepciones "para evitar daños graves en especial a los cultivos, al ganado, los bosques?, así como a otras formas de propiedad".

Asimismo, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, señala en su artículo 61.1 (b) las mismas excepciones que la Directiva Hábitats, con la modificación sustantiva del adjetivo "graves" de la Directiva por "importantes", cuestión que queda sobradamente demostrada en el registro de los daños producidos por el lobo al ganado durante 2015 y lo trascurrido de 2016 en zonas como las comarcas de Vitigudino, Ledesma y Ciudad Rodrigo, que cabe recordar en 2015 se contabilizaron más de 130 ataques, además de los que no fueron denunciados.

En cualquier caso, Ecologistas en Acción critica la actitud de la Diputación Provincial tras que haya aprobado una moción presentada por el PSOE de declarar Salamanca como provincia "libre de lobos", además de que el pasado 29 de enero la Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Medio Ambiente, anunciara la autorización con medios propios de abatir dos lobos en Ávila y dos en Salamanca, medidas que para Ecologistas "son claramente ilegales".

Por ello, desde Ecologistas en Acción de Salamanca "consideramos que ambas administraciones están incurriendo en faltas graves a la legalidad estatal y europea sin haber tomado previamente en consideración la infinidad de propuestas que se han hecho desde los movimientos ecologistas y que suponen la salvaguarda de la ganadería extensiva (tan importante para la conservación de los ecosistemas) y a la vez la salvaguarda del predador más importante de nuestros ecosistemas ibéricos y que Portugal tiene estrictamente protegido.

Ecologistas considera que el lobo "es perfectamente compatible con la ganadería extensiva" si se aplicasen las medidas preventivas que este grupo ha propuesto sobre los cientos de parcelas existentes en la provincia dedicadas a la ganadería, algunas de ellas fincas de más de 800 hectáreas de superficie y diversificadas en cuanto a su explotación. Además, ponen como ejemplo de gestión del lobo en las acciones llevadas a cabo en la provincia de Zamora, por lo que "el objetivo debería ser pues el de minimizar los ataques y los posteriores daños a través de medidas preventivas que se ha demostrado eficaces en otros territorios y en otros países que también tienen ganaderías que viven al aire libre", una responsabilidad que es "ignorada por la Junta de Castilla y León". En este sentido, añaden que "el gobierno regional y el provincial son, por su inacción a la hora de abordar este conflicto durante años, los responsables de esta situación de crispación generada y que están intentando resolver autorizando cacerías y exterminios ilegales".

Tras estos argumentos, este Grupo "exigimos pues que se paralicen de inmediato las cacerías ilegales y de no ser así nos reservamos el derecho y la obligación, por velar por el interés general y el cumplimiento de la legislación vigente, de interponer denuncias ante las instituciones europeas", y concluyen solicitando a las administraciones "que cumplan pues con sus compromisos para con la ganadería y para con el lobo ibérico".