Las Cortes exigen a Cataluña la devolución al Archivo de fondos "indebidamente recibidos"

Las Cortes de Castilla y León exigieron a la Generalidad de Cataluña el cumplimiento de las leyes y la devolución al Archivo General de la Guerra Civil, ubicado en Salamanca, la devolución de toda la documentación «indebidamente recibida» desde el año 2006 y la restitución a sus legítimos propietarios por formar parte de un centro estatal.

Al inicio del pleno de presupuestos, la presidenta de la Cámara, Silvia Clemente, leyó una declaración institucional, firmada por los portavoces de los cinco grupos parlamentarios -PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Mixto- de apoyo al Centro Documental de la Memoria Histórica, creado en 1999 para reunir y conservar los fondos relacionados con la Guerra Civil.

Las Cortes manifiestan su más firme apoyo a la integridad del Archivo de la Guerra Civil Española y la necesidad de cumplir las leyes y las resoluciones judiciales, su compromiso con el centro y los fines para los que fue creado y la exigencia al Ejecutivo catalán de devolución de fondos indebidamente recibidos desde el año 2006, informa Ical.

En la declaración se recuerda que conforme a la ley de 2005 de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, custodiados en los archivos de la Guerra Civil y sucesivas ordenes ministeriales, se procedió al traslado de fondos desde 2006 hasta 2014 custodiados en el Centro Documental de la Memoria Histórica.

Además, resalta que los documentos deben cumplir una serie de requisitos, como haber sido incautados a personas físicas o jurídicas de carácter privado, con residencia en esa comunidad. De esa manera, subraya que ello tiene repercusiones en todos los españoles, con independencia de donde residan, al haberse producido el traslado de fondos sin cumplir los requisitos.

«Así fondos documentales valencianos, murcianos, madrileños, asturianos o aragoneses, entre otros, se mantienen indebidamente en poder de la Generalidad de Cataluña», asevera la declaración institucional, en la que se refleja la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013 dictada con ocasión del recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Castilla y León.

La sentencia indica que la transferencia de fondos a la Generalidad no es incondicionada, sino que tiene como objetivo su restitución a los propietarios originarios o a sus sucesores, recoge el texto leído en el hemiciclo. «Si la restitución no se puede producir, por no haberse podido acreditar la titularidad de los mismos, tales documentos siguen integrados en el archivo de titularidad estatal», advierten.

Por ello, concluye que, en el marco de la ley de 2005 y de la sentencia de 2013, «procede devolver» al Centro Documental de la Guerra Civil todos los documentos, fondos y otros efectos de la Guerra Civil transferidos a Cataluña «vulnerando el mandato legal, así como aquellos que no han sido restituidos a sus propietarios originarios o a sus sucesores».

Fuente El Norte de Castilla