"Decepción e indignación" de los profesionales ante el RD que regula la Prescripción Enfermera

"Decepción e indignación". Esto es lo que ha supuesto para las profesionales de Enfermería de Castilla y León, el Consejo de Colegios profesionales de Enfermería y el sindicato Satse de Castilla y León ante la aprobación por parte del Gobierno del PP, el pasado 23 de octubre en el Consejo de Ministros, del Real Decreto que regula la Prescripción Enfermera. Después de seis años de espera, ha supuesto "una profunda decepción e indignación, ha sido una vez más el resultado de un nuevo atropello cometido a la profesión enfermera", señalan en un comunicado conjunto.

La falta de respeto y el incumplimiento de compromisos que los Gobiernos del Partido Popular, tanto a nivel nacional como en Castilla y León, tienen por la Enfermería parece no tener límite, añaden.

Después de 6 años de negociaciones, 3 proposiciones no de ley, 90 borradores del Real Decreto, con el acuerdo unánime del Consejo Interterritorial de Salud y el informe favorable del Consejo de Estado, al ala más conservadora e inmovilista de los médicos les ha bastado con una manifestación de 150 liberados por la CEMS, para que un ministro del Partido Popular, una vez más, se baje los pantalones ante las presiones corporativistas y modifique la tarde antes el texto del real decreto, introduciendo, un párrafo que perjudica -como no- gravemente el desarrollo de la profesión enfermera, la modernización del Sistema Sanitario y lo más importante los intereses y derechos de los pacientes y ciudadanos.

La redacción del párrafo introducido unilateralmente -al texto pactado y aprobado- en el artículo 3 del RD, sobrepasa, vacía de contenido, y vulnera el espíritu y la letra de la ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y productos Sanitarios, aprobada por unanimidad por el Parlamento y no solo no regula la prescripción enfermera, sino que pone en entredicho que las enfermeras podamos llevar a cabo con soporte jurídico competencias que hasta este momento estamos realizando, cercenado toda posibilidad de que las enfermeras adquiramos autonomía en el desarrollo de nuestra profesión.

Esta decisión del Partido Popular, cediendo a las presiones del ala más conservadora y retrógrada del corporativismo médico, supone una importante zancadilla para el trabajo diario de cientos de equipos multidisciplinares en que nuestras enfermeras y médicos trabajan de forma integrada y complementaria, centrándose en el paciente o usuario y no en trasnochados intereses corporativistas, que con tal de evitar la evolución de otras profesiones son capaces de poner en riesgo la salud de ciudadanos.

Lamentablemente en Castilla y León tenemos sobradas experiencias de ello. La Consejería de Sanidad después de firmar un convenio con el Consejo de Enfermería y SATSE, cedió a las presiones de la CEMS y del Consejo de Médicos, tirando por la borda largos meses de trabajo, paralizando la puesta en marcha de diversos proyectos que suponían la definición de competencias enfermeras propias, como son la gestión enfermera de la demanda, la implantación y desarrollo de la Estrategia de atención al Paciente Crónico, la puesta en marcha de unidades de gestión clínica dirigidas SOLO por médicos y el reconocimiento y unificación de enfermeras de competencias avanzadas, como son las gestoras de casos, tanto en atención hospitalaria como en atención primaria.

Una vez más el Partido Popular no solo ha incumplido sus promesas con la profesión, sino que ha demostrado en que sector de la sociedad está y a quien defiende.

El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León y SATSE Castilla y León, no van a cruzarse de brazos y tolerar estos continuos atropellos a la enfermería. Hemos convocado de urgencia los correspondientes órganos de gobierno para, a través de la Mesa de la Profesión Enfermera de Castilla y León, definir las líneas de actuación oportunas, de las cuales se informará a todas las enfermeras y enfermeros de Castilla y León, solicitando su apoyo e implicación en aquellas en fuera necesaria la participación de profesionales.

Por otra parte se tomarán las medidas que en derecho procedan, frente al Real decreto de prescripción, una vez publicado en el BOE.