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El TC declara inconstitucional la privatización del Registro Civil mediante decreto
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SENTENCIA

El TC declara inconstitucional la privatización del Registro Civil mediante decreto

LOCAL
Actualizado 07/10/2015
Redacción

Dicha anulación no tenga efecto directo alguno, ya que con posterioridad se tramitó como ley ordinaria

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Con fecha 24 de septiembre, el Tribunal Constitucional (TC) ha dictado una sentencia por la que declara inconstitucional y anula los preceptos relativos a la privatización del Registro Civil mediante su asignación a los registradores mercantiles contenidos en las disposiciones adicionales 20 a 24 del Real Decreto-Ley 8/2014. En la sentencia se afirma que "no existe justificación alguna respecto de la urgencia y necesidad de modificar parcialmente el contenido de una norma cuya entrada en vigor se ha pospuesto por un periodo de un año."

Aun cuando dicha anulación no tenga efecto directo alguno, ya que con posterioridad el real decreto ley se tramitó como ley ordinaria (ley 18/2014) y la ley 19/2015 derogó todas las disposiciones relativas a la asignación del Registro Civil a los registradores mercantiles, CCOO considera que "supone un duro golpe a aquellos que en su día quisieron apropiarse del servicio público del Registro Civil para sus propios intereses".

Desde el mismo momento de la publicación del decreto, "el Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO denunció que la privatización del Registro Civil mediante su asignación a los registradores mercantiles era inconstitucional porque no había, conforme exige el artículo 86.1 de la Constitución, razones de extraordinaria y urgente necesidad que pudieran justificar la privatización mediante decreto".

Por ello, CCOO se dirigió inmediatamente a todos los grupos parlamentarios y a la Defensora del Pueblo para instarles a que presentaran el recurso de inconstitucionalidad. Mientras varios grupos parlamentarios (más de cincuenta diputadas y diputados de los grupos parlamentarios Socialista, Izquierda Plural y UPyD) presentaron recurso de inconstitucionalidad, la Defensora del Pueblo se opuso a estos argumentos y no quiso presentar el recurso ante el TC, pese a la evidencia de la falta de urgente necesidad para privatizar el Registro Civil mediante un decreto.

El TC no se pronuncia expresamente sobre la privatización

Al apreciar desde el principio la falta de necesidad para privatizar el Registro Civil mediante decreto, el TC evita entrar en el fondo del asunto de la privatización, pues además los grupos parlamentarios recurrentes también alegaban que al proceder a una privatización encubierta del Registro Civil, el decreto arrebataba a la Administración Pública su gestión, afectando al derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución.

Para CCOO, la falta de pronunciamiento del TC sobre esta cuestión permite dejar abierta la posibilidad de que en el futuro se pueda privatizar el Registro Civil mediante una ley ordinaria, sacándolo fuera del ámbito de las Administraciones Públicas mediante su asignación a operadores privados. "La batalla, por tanto, no está ganada, y mucho nos tememos que si el PP sigue gobernando tras las elecciones generales previstas para el 20 de diciembre, volverá a intentar privatizar el Registro Civil", afirma el Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO.

Por todo ello, CCOO sigue expresando su radical oposición a la privatización del Registro Civil, y su firme apuesta por su mantenimiento dentro del ámbito de la Administración de Justicia. "El Registro Civil debe seguir siendo público, universal y gratuito, y prestado por el personal al servicio de la Administración de Justicia, como desde hace 140 años".

"Si hemos peleado hasta aquí para impedirlo, con el apoyo de miles de trabajadoras y trabajadores y de la ciudadanía, y hemos logrando recoger cientos de miles de firmas contra la privatización del Registro Civil, no vamos a abandonar esta lucha hasta conseguir de forma definitiva su carácter público, universal, gratuito, cercano a las personas y servido íntegramente por el personal de la Administración de Justicia", concluye CCOO.

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