"Las administraciones tienen la obligación de asegurar que las pensiones sean suficientes para...

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, CCOO y UGT han publicado un comunicado en el reivindican unas pensiones dignas y una reforma fiscal adecuada a las circunstancias de cada contribuyente.

Comunicado de CCOO y UGT

En el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra cada 1 de octubre, los mayores pertenecientes a CCOO y UGT de Castilla y León, queremos hacer oír nuestras voces en medio de las graves circunstancias por las que está atravesando nuestro país.

Durante estos últimos años, venimos denunciando que las medidas que se tomaban para salir de la crisis no eran las idóneas y afectaban de manera muy desequilibrada a la parte mayoritaria, pero más débil de la Sociedad y, dentro de ella, también, de forma intensa a las personas mayores. Sin embargo, las actuaciones en relación con las personas y entidades sobre las que recae la mayor responsabilidad en la generación de esta crisis (sector financiero, especuladores,) son insuficientes o inexistentes.

Insistir en la idea de denunciar una vez mas de la no decisión de acometer una reforma fiscal adecuada, que sea progresiva y justa y elimine aspectos regresivos e injustos de nuestro sistema tributario, como la menor tributación de las rentas de capital respecto de las del trabajo, lo que a través de distintas fórmulas (SICAVs, exenciones o deducciones fiscales) debería ser corregido urgentemente. Del mismo modo debe acentuarse la lucha contra los evasores fiscales que llevan su dinero a los paraísos fiscales y/ o directamente incumplen sus obligaciones tributarias.

Las administraciones públicas, tienen la obligación de asegurar que las pensiones sean suficientes para vivir dignamente. Por ello se ha de promover una mejora de las cuantías de las pensiones tanto contributivas, como de las no contributivas.

El Gobierno sigue con los recortes y estos afectan también, de forma intensa a las personas mayores. Un colectivo que es muy vulnerable a estas políticas, ya que, las personas mayores estamos pasando, cada vez más, a convertirnos en sustentadoras principales (en ocasiones únicas) de las siguientes generaciones pues las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 30 % de los hogares, y de un 27,3 % en el caso de que el sustentador principal sea una persona mayor de 64 años (sea o no pensionista) a pesar de que más del 50% de las pensiones tienen una cuantía inferior al SMI.

De ahí la importancia que tiene para los pensionistas y jubilados que se refuerce el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es un instrumento nacido de los Acuerdos de Diálogo Social de 1996 y 2001 suscritos por los gobiernos de aquel momento y las organizaciones sindicales y empresariales, y su función prioritaria, además de ayudar a corregir los déficit que puedan darse con motivo de la crisis, es la de contribuir a la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el medio y largo plazo cuando la generación del baby-boom alcance la edad de jubilación.

Para garantizarlo, la Ley 28/2003 reguladora del Fondo de Reserva establece una fórmula de utilización de sus recursos sólo en el caso de déficit estructural del sistema de Seguridad Social y exclusivamente para financiar prestaciones contributivas, estableciendo el límite de utilización anual del Fondo en una cuantía máxima del 3% del gasto derivado de las pensiones contributivas y los gastos necesarios paras su gestión.

La ley de Dependencia al ser reconocida como un derecho subjetivo de la ciudadanía y con un soporte financiero para llevarlo a cabo, ofrecía a los ciudadanos de este país, un servicio una vez se le reconociera su grado de dependencia. Pero ya Rajoy, desde el principio, dijo que el sistema era insostenible y a través de la publicación de sucesivos decretos, está derogando o limitando de forma encubierta los efectos de esta importantísima ley, especialmente para las personas mayores. Pero ¿a quién beneficia esta situación? Claramente a las aseguradoras, que se harán con el negocio, porque siempre habrá dependientes con dinero para poder pagar esta atención, aunque haya una cantidad infinitamente superior que tendrá que recurrir a lo de antes, es decir, a la beneficencia, las redes familiares,...

La última etapa del proceso de implantación en el que nos encontramos actualmente ha estado marcada por las reformas unilaterales impuestas por el gobierno de la nación desde mediados de 2012 y que, han supuesto un evidente recorte de la cobertura que ofrece el Sistema así como de la intensidad de algunas de sus prestaciones.

En Sanidad resultan muy graves los recortes sufridos, pues el Gobierno en realidad se ha limitado a imponer una reducción lineal del gasto público, anteponiendo este objetivo económico a los efectos que sobre la salud puedan tener dichos recortes. Las principales líneas para ello han sido:

• Modificación del sistema de copago farmacéutico, extendiéndolo a los pensionistas, de forma regresiva.
• Aumento del número de medicamentos excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, en ocasiones por considerarlos "indicados en el tratamiento de síntomas menores", lo que implica que el enfermo debe costearlos íntegramente y que su precio deja de estar supervisado por el Ministerio por lo que suele incrementarse.
• Reducción de la cobertura ofrecida por los servicios públicos de salud.

• Potenciación de las fórmulas de gestión privada.

Por todo ello hoy día 1 de Octubre, el colectivo de mayores de CCOO y UGT queremos reclamar al Gobierno de la nación y al conjunto de los poderes públicos y administraciones, lo siguiente:

1. Que rectifique la nueva fórmula de revalorización de las pensiones y se ajuste a lo establecido en la Ley 27/2011. Nosotros como pensionistas y jubilados de CCOO y UGT, queremos recordarle al Gobierno, que la revalorización anual de las pensiones públicas era garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas, y su fórmula derogada desde el pasado 1 de enero de 2014, estaba regulada por ley desde 1996 con un acuerdo de Diálogo Social.

Pues la esperanza de vida depende, también, de factores como la riqueza y la pobreza, el empleo y el desempleo, las condiciones de trabajo, el entorno social en el que se vive, las políticas medioambientales, los niveles educativos, los hábitos saludables de vida, las infraestructuras disponibles, las políticas de salud pública, la nutrición, el ejercicio físico frente al sedentarismo Y, actuar más en la prevención, en salud, vacunación, mejoras terapéuticas etc.

Para ello hay que aumentar los ingresos fiscales y garantizar los recursos suficientes para el buen funcionamiento de los servicios públicos, incluyendo el sanitario; un compromiso de garantía de suficiencia financiera en los presupuestos del SNS, tanto estatales como autonómicos, pues no se puede considerar la inversión en salud como gasto, cuando la salud actúa como motor económico y proporciona importantes retornos que oferta a la sociedad.

Los pensionistas y jubilados reivindicamos la especialidad de Geriatría/Gerontología con programas de atención primaria junto a los programas de atención domiciliaria, todo ello muy necesario para nuestro colectivo.

1. Necesitamos un tipo súper reducido del IVA para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y a la energía. Es decir, gas, calefacción y electricidad, lo que supondría una ayuda a las familias por un importe de 4.000 millones de euros y a los pensionistas y jubilados, en muchos casos, nos permitiría poder encender el brasero los meses de invierno.
2. Al Gobierno de España le exigimos medidas eficaces contra la pobreza energética, estableciendo un auténtico bono social para la electricidad y gas, que garantice el suministro básico de todos los hogares e impida los cortes de suministro, teniendo en cuenta los miembros de la unidad familiar y el nivel de renta. Con ello se conseguiría evitar unos 7.000 fallecimientos anuales de pensionistas, por patologías derivadas de no tener sus casas en unas condiciones dignas de habitabilidad (frío en invierno y calor en verano).

Los pensionistas y jubilados de UGT y de CCOO, de Castilla y León, trabajaremos, con el conjunto de las Confederaciones sindicales de CCOO y UGT y la sociedad organizada por la reorientación de la política económica y social del Gobierno, pues estas políticas nos han abocado, también al colectivo de personas mayores, a un aumento de la desprotección social y a un empobrecimiento generalizado.