Reclaman a Industria que elimine el sobrecoste de los 902 y se incluyan en las tarifas planas

Facua reclama al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que elimine el injustificado sobrecoste que suponen las llamadas a las líneas 902 y las equipare a números geográficos, de manera que se incluyan también en los bonos y tarifas planas contratados por los usuarios.

Se trata de una de las reivindicaciones planteadas en sus alegaciones al borrador de Orden que tiene previsto aprobar el Ministerio por la que se atribuyen recursos públicos de numeración a los servicios de tarificación adicional prestados a través de llamadas telefónicas y se establecen condiciones para su uso. La asociación ha trasladado sus demandas al Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Catsi) y el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).

Además pide que el precio de una comunicación con un 902 sea el equivalente a una llamada local, provincial o nacional cuando se realice desde un teléfono fijo (si el contrato del usuario no incluye un bono de llamadas o una tarifa plana), en función de que la línea esté o no en la misma localidad o provincia desde la que llama el usuario. En este sentido, exige que al establecerse las comunicaciones con estos teléfonos, una locución informe de la ubicación geográfica de la línea antes de que comience a tarificarse la llamada.

También denuncia que son numerosas las empresas que utilizan líneas 902 como teléfonos de atención al cliente de forma fraudulenta, de manera que perciben un porcentaje del precio que pagan los usuarios por cada llamada. Y ello pese a que tanto la legislación de telecomunicaciones como la de defensa de los consumidores lo prohíbe.

El pasado febrero,se denunció a dieciséis proveedores de servicios de telecomunicaciones que ofrecen la contratación de líneas 902 con el reclamo de obtener un beneficio económico por cada llamada recibida. Las denuncias fueron remitidas a las autoridades de consumo de Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia, donde las compañías tienen sus domicilios, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Ninguno de los organismos ha anunciado medidas contra este fraude.

De hecho, en un informe fechado en julio de este año, la CNMC señala que ha constatado cómo al menos trece comercializadoras de luz y gas se han lucrado a través de estos teléfonos de información comercial y atención al cliente, pero no ha anunciado medidas contra ellas.

Líneas 803, 806 y 807

En sus alegaciones al borrador de Orden del Ministerio de Industria, también demanda que los usuarios solo puedan realizar llamadas a líneas de tarificación adicional (con prefijos 803, 806 y 807) si piden expresamente a sus compañías de telecomunicaciones el acceso a las mismas, de manera que se minimicen los casos de llamadas realizadas por menores o usuarios con problemas de ludopatía.

Con la normativa vigente en la actualidad, la citada restricción sólo existe para las líneas de mayor coste (algo que depende de cuál sea su cuarta cifra), las cuales apenas son utilizadas por el sector.

Asimismo, reclama que las llamadas a teléfonos de tarificación adicional tengan una duración máxima de 15 minutos frente a los 30 minutos fijados como tope con la regulación actual. De esta forma, se reducirían los fraudes por parte de empresas que alargan innecesariamente estas llamadas para aumentar los beneficios que les reportan.