Iberdrola, la Junta y la FRMP, juntos para proteger a los clientes en situación de vulnerabilidad

Iberdrola Clientes, la Junta de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) de esta región han firmado un convenio mediante el cual se comprometen a proteger a los clientes en situación de vulnerabilidad en esta comunidad autónoma.

El acuerdo ha sido ratificado esta mañana en Valladolid por Alicia García Rodríguez, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Francisco Javier Vázquez Requero, presidente de la FRMP de Castilla y León, y Aitor Moso, director general de Iberdrola Clientes.

El objeto del convenio sellado hoy, en el marco del compromiso de las tres instituciones con los principios de solidaridad y servicio a la comunidad, es establecer los mecanismos de coordinación necesarios entre la Junta de Castilla y León, la FRMP de la región e Iberdrola Clientes de cara a tratar de evitar la suspensión del suministro eléctrico por impago de la factura a los ciudadanos económicamente desfavorecidos de esta comunidad autónoma o a asegurar su inmediato restablecimiento en el caso de que ya se haya procedido a la suspensión del mismo.

La protección a la que se refiere el acuerdo es de aplicación a todos aquellos clientes que tengan contratado el suministro eléctrico de su vivienda habitual con Iberdrola en esta comunidad autónoma y que, previa valoración técnica y solicitud de los Servicios Sociales de las Administraciones Locales de Castilla y León, puedan ser beneficiarios de una prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.

En el marco del convenio, que tendrá una vigencia inicial de un año y será prorrogable por periodos anuales, Iberdrola Clientes se compromete a no suspender el suministro de electricidad a dichos clientes en situación de vulnerabilidad mientras se gestiona la concesión, por parte de esas Administraciones, de la citada prestación económica, que tendrán que destinar a la satisfacción de la deuda derivada de dicho suministro.

Asimismo, la compañía se ofrece a facilitar a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta y a la FRMP de Castilla y León el asesoramiento en materia de eficiencia energética, la información y la formación que precisen sobre los distintos aspectos relacionados con el objeto del convenio sellado hoy.

Finalmente, las tres instituciones han acordado crear una comisión de seguimiento del acuerdo, a la que aportarán dos miembros cada una, que se reunirá al menos dos veces al año.

Política General de RSC del Grupo Iberdrola

Este convenio, el primero de estas características que firma Iberdrola en España, responde a la reciente aprobación y aplicación, por parte de la compañía, de un procedimiento de protección a clientes económicamente vulnerables en nuestro país, en consonancia con la Política General de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo: https://www.iberdrola.es/accionistas-inversores/gobierno-corporativo/politicas-corporativas/politicas-responsabilidad-social/

El objetivo de esta política es establecer los principios básicos y el marco general de actuación para la gestión de las prácticas de responsabilidad social corporativa que asume Iberdrola, así como servir de base para la integración de la responsabilidad social en el modelo de negocio del Grupo y en su estrategia.

En concreto, este documento ha añadido un nuevo punto en sus principios de actuación respecto a sus principales grupos de interés mediante el que Iberdrola se compromete a "prestar atención a los clientes en situación de vulnerabilidad y colaborar, según las políticas que establezcan las Administraciones Públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas".

El Grupo completa así los principios que rigen la relación con sus clientes, que incluyen además aspectos como el respeto y cumplimiento de las normas que regulan las actividades de comunicación y marketing; la protección de la salud y la seguridad durante todo el ciclo de vida de los productos comercializados; la confidencialidad de los datos; la difusión de información para promover un uso racional, eficiente y seguro de la electricidad y el gas; el seguimiento de los niveles de calidad ofrecidos; la búsqueda continua de un mejor suministro y el acceso efectivo a la información de los clientes con dificultades idiomáticas o sensoriales.