Miércoles, 25 de diciembre de 2024
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Crisis y gasto social
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Crisis y gasto social

El Movimiento Europeo organizó en Valencia el pasado miércoles un seminario que llevaba por título Un nuevo comienzo para Europa: la agenda de la nueva legislatura de la Unión Europea. Como responsable de este Movimiento en España, el diputado Eugenio Nasarre enmarcó la nueva agenda diseñada por Juncker con tres ideas fuerzas: reconstruir puentes en Europa, recuperar la confianza de los ciudadanos y reforzar la legitimidad democrática. Probablemente son ideas genéricas que han diseñado los tecnócratas de Bruselas y que dejan indiferentes a muchos ciudadanos. Ahora bien, si los ciudadanos supieran que el futuro de sus hipotecas, pensiones o salarios depende de estas ideas entonces pasaríamos de la indiferencia al compromiso.

La discusión no se centró en las posibilidades financieras que presenta el Plan Juncker, con las que se pretende estimular la inversión, fortalecer las expectativas de contratación económica para crear empleo y remontar el estancamiento económico. Tampoco en las posibles medidas para superarlo, como es el caso de la propuesta de Pâris y Wyplosz con la que se pretende hacer una quita de la deuda para que los estados puedan impulsar políticas de crecimiento. La conversación se centró en la inestabilidad de Grecia y el posible efecto dominó en la Eurozona.
En el coloquio pesó más Grecia que el Plan Juncker porque los ciudadanos no sólo estamos preocupados por los recortes que han producido las políticas de ajuste, sino por las consecuencias que estos tienen en el conjunto de las políticas sociales. Es razonable que estas preocupaciones generen inestabilidad porque los ingenieros financieros de la Eurozona no sólo padecen un diseño institucional complejo que dificulta sus decisiones, sino que utilizan mal los conceptos. Tenemos el ejemplo más claro en el concepto de gasto social, término que describe las partidas presupuestarias de sanidad, educación, servicios sociales o prestaciones por desempleo. Mientras la dimensión social de Europa y los estados que la componen se fortalezca en términos de "gasto" y no en términos de "inversión" será razonable la desconfianza.

El dinero empleado en sanidad, educación, menores desamparados, discapacitados, parados o pensiones nunca debería conceptuarse como gasto. Europa no avanzará mientras sus tecno-estados clasifiquen como "gasto social" el presupuesto con el que atender estos ámbitos de ciudadanía. Un avance que no se producirá sin evaluar los criterios y fórmulas de distribución aplicadas en las últimas décadas, más perfiladas por tiempos electorales cortoplacistas que por tiempos cívicos de necesidades. Esperemos que algún día la jerga utilitarista financiera corrija este error conceptual donde se usa despectivamente el término, como si se aplicara a grupos de ciudadanos marginales, improductivos, inútiles y carentes de valor.

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